La norma que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales es, a todas luces, una medida absurda en un país donde el electorado promedio no suele ser reeleccionista. En lugar de impedirla por completo, habría sido más razonable limitarla a una sola reelección consecutiva, lo que permitiría a una autoridad desarrollar su gestión durante ocho años y no únicamente cuatro, siempre que la población respalde su continuidad mediante el voto.

Esa posibilidad, sin embargo, debería ir acompañada de una disposición que impida al gobernador o alcalde participar como candidato dentro de la lista que se presente en las elecciones al término de su segundo mandato consecutivo. Así se evitarían las denominadas reelecciones encubiertas, una práctica que ha permitido que autoridades impedidas de postular nuevamente mantengan influencia política mediante personas de su entorno o integrantes de sus propias organizaciones. Hoy se contabilizan 135 casos de este tipo, y quizá recién comienzan a generar una mayor indignación pública, pese a que esta figura viene utilizándose desde el año 2018.

Debemos admitir que el Congreso muchas veces formuló leyes alejadas de las reales necesidades de la sociedad, respondiendo a cálculos políticos, personales o partidarios, cuando la población espera de su Parlamento normas de calidad que contribuyan al orden, la paz y el progreso social. Toca legislar con conexión a la realidad.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →