La constitucionalista María Antonieta Gonzáles explicó a La República los plazos y procedimientos que establece el nuevo Reglamento del Congreso bicameral para la aprobación de leyes. Según detalló, una iniciativa legislativa que siga la vía ordinaria podría demorar entre nueve y diez meses en ser promulgada, aunque existen mecanismos de urgencia y exoneración que reducen drásticamente esos tiempos.
"En la vía ordinaria, la comisión de Diputados tiene hasta 60 días hábiles para dictaminar; el dictamen se publica durante siete días calendario, luego se debate y vota en el Pleno y recién entonces pasa al Senado, cuya comisión dispone de hasta 90 días hábiles, más otros siete días de publicación, debate y votación. Al final, el presidente de la República cuenta con 15 días para promulgar u observar la ley. Sumando solo los plazos establecidos, el proceso podría llegar a durar unos nueve meses", precisó la especialista.
No obstante, la vía ordinaria no es el único recorrido posible. El nuevo Congreso bicameral contempla caminos alternativos: algunas iniciativas pueden ser calificadas como urgentes o ser exoneradas del trámite en comisiones. Ambos mecanismos, señaló Gonzáles, permiten acelerar el procedimiento de manera considerable.
"En la vía de urgencia, esos mismos plazos se reemplazan por otros mucho más breves: 15 días hábiles improrrogables en Diputados y siete en el Senado, con un solo día de publicación del dictamen en cada cámara. Es decir, un proyecto urgente puede pasar por ambas cámaras en poco más de un mes. En la vía exonerada, que es la más rápida y en la que casi no se delibera, la Junta de Portavoces de Diputados puede liberar al proyecto del envío a comisiones, del dictamen y de su publicación con el voto favorable de tres quintos de sus miembros, de modo que se vota el mismo día en que ingresa al Pleno y luego pasa al Senado para un procedimiento similar. Así, una ley puede quedar publicada en 48 o 72 horas", detalló.
La falta de plazos para llevar los proyectos al Pleno, sin embargo, deja en manos de la Junta de Portavoces una decisión clave: acelerar su aprobación o mantenerlos pendientes por meses o incluso años. De esa forma, el tiempo real que tome una ley dependerá en gran medida de la voluntad política de ese órgano de gobierno del Congreso.
El mecanismo de exoneración era el mismo que empleaba el anterior Congreso unicameral para aprobar leyes de un día para otro, aunque está prohibido en reformas constitucionales, leyes orgánicas, reglamentos parlamentarios y proyectos de materia tributaria o presupuestal. Sin embargo, aun cuando el reglamento fija plazos para que las comisiones elaboren dictámenes, no existe un límite para que los plenos de Diputados y del Senado debatan y voten una iniciativa. En consecuencia, un proyecto puede esperar semanas, meses o incluso años para ser agendado, y si el presidente lo observa, regresa al Congreso para una nueva etapa de revisión entre ambas cámaras, lo que extiende todavía más el trámite. En la práctica, el tiempo máximo de tramitación puede volverse indefinido.
“Un proyecto puede quedarse sin ser agendado hasta que termine el periodo parlamentario, como ha ocurrido con otras iniciativas en el Congreso unicameral”, señaló Gonzáles. La demora no termina con el dictamen: una vez aprobado, la iniciativa puede quedar a la espera de ser incluida en la agenda de debate. ¿Quién decide, entonces, qué proyectos se debaten y cuándo? Gonzáles responde que “el reglamento reparte la decisión en las dos cámaras. La Presidencia de la cámara propone la agenda de las sesiones del Pleno, pero es la Junta de Portavoces la que la aprueba, con la exigencia de ponerla en conocimiento de los parlamentarios veinticuatro horas antes”.
Así, los plazos establecidos para que las comisiones analicen y dictaminen no garantizan un paso rápido al Pleno. “Un dictamen aprobado por unanimidad en comisión puede quedarse indefinidamente fuera de esa lista sin que exista norma que obligue a incorporarlo, ya que el reglamento fija plazos para dictaminar, nada más. De modo que un proyecto puede estar técnicamente listo durante meses y no verse en el Pleno”, agregó. La Junta de Portavoces, entonces, ejerce un rol clave: aunque la Presidencia propone la agenda, es ese órgano el que finalmente la aprueba, y nada obliga a incluir un dictamen listo. El resultado es que una iniciativa puede permanecer técnicamente aprobada en comisión por tiempo prolongado sin llegar a debatirse en el hemiciclo.
La Junta de Portavoces es, en la práctica, el órgano que puede hacer que un proyecto se convierta en ley en 48 horas o que quede pendiente durante meses o incluso años, y todo ello se decide en sesiones que no son públicas. Como explica Gonzáles, esta instancia aprueba la agenda de cada sesión, fija el tiempo y las formalidades del debate, determina qué proyectos se tramitan por la vía de urgencia, exonera del dictamen y del plazo de publicación con el voto de tres quintos de sus miembros representados, y aprueba la ampliación de la agenda y las prioridades del debate con la mayoría del número legal de sus integrantes.
La Mesa Directiva, por su parte, determina el turno o la oportunidad del debate dentro de cada sesión, salvo que la Junta de Portavoces haya establecido prioridades. Esto permite que un tema, pese a figurar en la agenda, sea postergado y no llegue a debatirse, ya que la sesión puede levantarse antes de que se aborde, según explica la constitucionalista.
Existen tres casos en los que un proyecto puede tener un tratamiento distinto. Los proyectos del Ejecutivo declarados urgentes tienen prioridad para ser debatidos; los proyectos incluidos en la agenda legislativa anual también reciben prioridad en el Congreso; y, si el Senado no revisa un proyecto aprobado por Diputados dentro del plazo establecido, este puede continuar su trámite hacia el Ejecutivo sin necesidad de esperar una nueva decisión de la Cámara Alta.
Proyectos se alistan en la Cámara de Diputados
Hasta el momento, el nuevo Congreso ha presentado seis proyectos de ley. Estas iniciativas permanecen a la espera de que se instalen las comisiones legislativas para ser derivadas a los grupos de trabajo correspondientes. El primer proyecto fue presentado por la diputada Indira Huilca (Ahora Nación). La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer el trabajo presencial como regla general y limitar la virtualidad a casos excepcionales.
Entre las primeras propuestas también figura la derogación del paquete legislativo conocido como las “leyes procrimen”, cuestionadas por su presunto impacto negativo en la lucha contra la delincuencia organizada. Dos proyectos presentados por el diputado César Holguín (Ahora Nación) buscan dejar sin efecto estas normas: el primero propone derogar diez de ellas, mientras que el segundo plantea específicamente la derogación de la Ley 32735, que permite que policías y militares sean procesados fuera de la jurisdicción penal ordinaria.
De los seis proyectos de ley presentados hasta la fecha, cinco corresponden a la bancada de Ahora Nación. La iniciativa restante proviene del Partido Cívico Obras y fue presentada por el diputado Víctor Piñán. Este proyecto responde a la coyuntura reciente, luego de que más de 60 alcaldes —entre ellos el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga— eludieran las restricciones a la reelección mediante renuncias a sus candidaturas para permitir la postulación de sus respectivos reemplazantes.
La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) anunció que presentará un proyecto con el mismo objetivo. Si bien la iniciativa aún no ha sido ingresada oficialmente ni publicada en el repositorio de proyectos legislativos del Congreso, mantiene el mismo espíritu que las propuestas anteriores.
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