La denuncia que originó este proceso fue presentada el 4 de julio y admitida a trámite el 30 de octubre de 2025. En ella se detallan tres hechos ocurridos en julio del año pasado, cuando los letrados habrían violado la ley al exigir la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que en ese entonces ya existía otra autoridad en funciones: Delia Espinoza.
La audiencia que definirá si se aprueba la medida cautelar impulsada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se realizará este miércoles 12 de agosto a las 5.00 p. m. El pedido está dirigido contra los abogados Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval.
De aprobarse, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima evaluará la posible suspensión de estos cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntas faltas éticas en el ejercicio de su profesión. Las organizaciones solicitantes consideran que los magistrados incurrieron en conductas contrarias a la ley durante los hechos señalados.
La acusación detalla que los cinco miembros habrían vulnerado artículos del Código de Ética vinculados a la obediencia a la ley, la probidad y la integridad. Además, se les atribuye “violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto”, al haber solicitado al Comandante General de la Policía Nacional el uso de la fuerza pública. También se les imputa incumplir el deber ético de transparencia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado, la entidad advirtió que conductas inconstitucionales como estas representan “un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer”.
El Colegio de Abogados y la Junta Nacional de Justicia figuran entre las instituciones vinculadas al seguimiento de este proceso disciplinario.
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