La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, integrada por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza, concedió la apelación de los ocho miembros de la patrulla del Ejército acusados de disparar a matar a cinco civiles en Colcabamba, Huancavelica, y ordenó que salgan de inmediato en libertad. Los jueces consideraron que los uniformados no representan un peligro para la sociedad, pese a que los peritajes confirmaron que las víctimas estaban desarmadas.
Durante los interrogatorios, los efectivos se negaron a declarar, acogiéndose al silencio con el evidente propósito de entorpecer la investigación fiscal sobre el crimen del 25 de abril. Sin embargo, en la audiencia todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación alegando que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.
La decisión del tribunal se adoptó no obstante que en la misma audiencia quedó claro que los acusados ni siquiera están dispuestos a esclarecer los hechos, porque no explicaron por qué razón decidieron usar sus fusiles de asalto contra personas desarmadas. Los efectivos de la patrulla dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance.
Pese a que los efectivos del Ejército afirman falsamente haber disparado en legítima defensa contra las víctimas que probadamente estaban desarmadas, los jueces ordenaron la liberación de los uniformados con el argumento de que no representan un peligro. La apelación que interpusieron los militares fue contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.
Silencio y complicidad
La resolución de la Sala de Apelaciones recoge que el capitán Luis Montenegro Pardo, jefe de la patrulla, aseguró que la iniciativa de asesinar a los cinco civiles no partió de él. “El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó, conforme consta en el documento judicial.
Su superior inmediato, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar, tal como informó La República. Cayao sostuvo que el único responsable era Montenegro por ser el jefe de la patrulla, el oficial superior y estar en el lugar de los hechos. Sin embargo, el capitán insiste en que no ordenó disparar.
En la audiencia quedó en evidencia que los uniformados no aceptaban su responsabilidad en el quíntuple homicidio ni mostraban disposición a esclarecer lo ocurrido. Aun así, el tribunal les otorgó la libertad.
El teniente Brayan Fernández Dett, segundo oficial de la patrulla, argumentó que todos los acusados recibieron entrenamiento adecuado y que colaboraron en todo momento con las indagaciones del caso. “Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución sobre sus dichos. Esa versión contradice los reportes fiscales que señalan que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado.
Todos respondieron con la misma consigna.
Lo hicimos por la patria
“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.
Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados. En el caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, se determinó que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.
Pese a esas evidencias, los ocho procesados insistieron en el penal en el falso argumento de la legítima defensa. El efectivo Hedilberto Marcos Guerra señaló que la fiscalía de derechos humanos considera que “por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”. En esa línea, Andy Sánchez Ríos repitió el mismo argumento: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.
Américo Vásquez Rojas apuntó por su lado que “solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”. Fernando Córdova Mariano, en tanto, señaló que “menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”.
El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.
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Disparar hasta matar
La decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de desestimar la prisión preventiva contra los ocho militares investigados se basó en que la fiscalía no individualizó, de manera motivada y razonada, quiénes de ellos realizaron acciones u omisiones que permitieron alterar la escena del crimen. Para los jueces, todo lo ocurrido fue en defensa propia y los efectivos merecen seguir el juicio en sus cuarteles.
Los magistrados pasaron por alto que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos. Si los siete subordinados actuaron alterando la escena, fue porque este oficial dispuso dicha acción a sabiendas de que lo sucedido era de su expresa responsabilidad. La fiscalía no logra identificar a los autores de la manipulación del escenario porque los militares nunca quisieron hablar durante los interrogatorios, protegiendo a los responsables precisamente para afectar la investigación.
Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los efectivos siguieron disparando para que nadie quedara vivo. Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. El copiloto, Cristian Vilcatoma Águila, recibió 16 balazos de fusiles de guerra.
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