El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, reveló en exclusiva para RPP las cuatro normas que el Gobierno considera más lesivas para las cuentas fiscales y que serán llevadas ante el Tribunal Constitucional (TC) para derogarlas. Se trata de las leyes de gratificaciones CAS y Cafae, así como las de pensiones de maestros, militares y policías; estas últimas irán por intermedio del Colegio de Economistas.
Durante el programa Enfoque de los sábados, Cuba señaló que, entre las numerosas normas sobrevivientes que dejó como herencia el anterior Congreso, el Ejecutivo seleccionó cuatro que "podrían mover la aguja" de las finanzas públicas y que podrían llevar a un incremento de la deuda del país en los próximos años. "Sí, hemos escogido de las muchas que hay las cuatro que podrían mover la aguja: tiene que ver con pensiones, CAFAE y con CAS. Primero son inconstitucionales", afirmó.
La decisión se conoce un día después de su primera conferencia de prensa para anunciar medidas. En esa línea, el titular del MEF sostuvo que estas normas implican una iniciativa de gasto que, a su juicio, corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, recordó que el anterior Congreso sustentó la aprobación de este tipo de medidas de alto costo usando un fallo del TC que le abrió la puerta a esa facultad en 2022.
"El Congreso no tiene en ninguna parte del mundo iniciativa de gasto. El gasto lo maneja el Ejecutivo, la hacienda. Eso ha sido así desde el año 1993, pero por un error de comprensión lectora, el TC falló en contra en el año 2022", señaló Cuba.
Ley de pensiones a maestros y militares al TC por el Colegio de Economistas
Tras la entrevista, el ministro precisó a RPP sobre quién está presentando las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con estas normas.
En el caso de los trabajadores CAS, la norma que el MEF busca cuestionar es la Ley N.° 32563, que reconoce a estos servidores el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El ministro Elmer Cuba precisó a RPP que el Ministerio de Economía y Finanzas presentará las acciones de inconstitucionalidad contra esta norma y también contra las vinculadas al CAFAE.
Precisamente, una de las leyes cuestionadas sobre el CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo) para trabajadores del sector público establece la homologación del incentivo único que reciben los servidores bajo el régimen 276 de los gobiernos regionales. Según el Consejo Fiscal, esta medida tendría un costo fiscal de S/ 2.621 millones anuales.
El titular del MEF aclaró que las demandas contra las normas pensionarias de militares, policías y profesores jubilados no serán presentadas por su cartera, pues estas acciones ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú.
El Consejo Fiscal, órgano que vela la salud de las finanzas públicas, ya había advertido que solo en marzo, las leyes aprobadas por el anterior Congreso generarían obligaciones permanentes de gasto por S/ 11.400 millones al año, sin contar otras iniciativas que aún estaban pendientes de segunda votación.
Sobre la ley de pensiones de maestros jubilados, esta establece que reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la carrera magisterial. Dicha remuneración se ubica alrededor de los S/ 3.500 mensuales, por lo que la norma toma como referencia el sueldo de un docente activo de esa categoría para calcular la pensión. Según el Consejo Fiscal, esta medida tendría un costo de al menos S/ 8.000 millones anuales. En tanto, la reforma del régimen pensionario de militares y policías tendría un impacto fiscal neto estimado en S/ 46.000 millones en valor presente.
El titular del MEF, Elmer Cuba, advirtió que, si el Gobierno no interviene, el déficit fiscal pasaría del 1,8% al 3% del PBI en 2027 y se mantendría en ese nivel el resto de la administración. "Si no hacemos nada, en una situación pasiva, tendríamos que aumentar el déficit fiscal de 1,8% a 3% el próximo año. Y se mantendría en 3% el resto del Gobierno y la deuda comenzaría a subir", afirmó. Un deterioro de esa magnitud, sostuvo, podría afectar la percepción de riesgo del país y la calificación crediticia del Perú. "Eso significaría perder el grado de inversión en algún momento", advirtió. En paralelo, el Consejo Fiscal estimó que ampliar los beneficios laborales para los trabajadores CAS implicaría un costo fiscal de alrededor de S/ 3.000 millones anuales. La aplicación de las gratificaciones, en tanto, será gradual: en 2026 equivaldrá al 10% de la remuneración mensual y subirá progresivamente hasta llegar al 100% en 2030.
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