Con 50 votos a favor y 49 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche como fiscal general del país, una designación que deja al exabogado personal de Donald Trump al frente del Departamento de Justicia y que evidenció las reservas existentes incluso dentro del Partido Republicano. La votación, cerrada y tensa, contó con el rechazo de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes se sumaron a los demócratas para oponerse al nombramiento.
Blanche, que hasta ahora ejercía como fiscal general interino, logró superar las objeciones de algunos miembros de su partido tras hacer concesiones: retiró una de sus iniciativas más cuestionadas y precisó el alcance de otra medida vinculada al mandatario. Su trayectoria incluye su participación en casos legales de Trump y la gestión de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, antecedentes que intensifican la tensión política en torno a su llegada al cargo.
“Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia”, escribió el nuevo funcionario tras su confirmación. Sin embargo, su designación profundiza el debate sobre la independencia de la institución: los demócratas sostienen que su estrecha relación con el líder republicano supone un riesgo de politización, mientras que el presidente describe a Blanche como una “estrella”.
Las concesiones que facilitaron su confirmación
La confirmación de Blanche no fue un camino llano: dentro de la propia bancada republicana hubo reparos que casi ponen en riesgo su llegada al cargo. Uno de los puntos más sensibles fue su plan de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para quienes Trump considera víctimas de "persecución judicial". Esa iniciativa, advirtieron varios legisladores, podía terminar beneficiando a partidarios del presidente que participaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando una turba intentó impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden en 2020.
También generó controversia una propuesta que planteaba inmunidad para el mandatario frente a auditorías fiscales. Ante las críticas, Blanche precisó que el acuerdo para el líder republicano, sus dos hijos mayores y la Organización Trump sería retroactivo y solo alcanzaría ejercicios fiscales anteriores, sin proyectarse a futuras declaraciones. Para despejar más dudas, emitió una orden escrita que eliminaba el fondo destinado a combatir la llamada "instrumentalización política" de la justicia. Con ese paquete de gestos logró aplacar las objeciones dentro de su partido y allanar el camino hacia la votación.
Los demócratas cuestionan su independencia
Del lado demócrata, el foco estuvo en la estrecha relación profesional que Blanche mantuvo con Trump antes de asumir el puesto. Dick Durbin, el senador demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, puso en duda que el nuevo fiscal general pueda actuar con independencia del presidente. "Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo", afirmó Durbin, y agregó: "El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente".
La confirmación de Blanche lo lleva a pasar de ser uno de los principales abogados personales de Trump a dirigir la institución encargada de hacer cumplir las leyes federales. Su trayectoria, sin embargo, también generó cuestionamientos por la gestión de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el condenado y fallecido agresor sexual que mantuvo una relación cercana con el mandatario. Víctimas de Epstein criticaron la manera en que el Departamento de Justicia manejó la divulgación de esos documentos.
Antes de incorporarse al gobierno, Blanche integró el equipo jurídico personal de Trump durante varios de sus procesos penales. Participó, por ejemplo, en el juicio celebrado en Nueva York por los presuntos pagos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels, y también formó parte de la defensa del presidente frente a dos causas federales impulsadas por el fiscal especial Jack Smith. Una de ellas investigaba el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras la salida de Trump de la Casa Blanca, mientras que la otra indagaba sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ambos casos fueron desestimados luego de la victoria del republicano en los comicios de 2024.
Las críticas a su designación se producen mientras los demócratas acusan a Trump de utilizar el Departamento de Justicia para impulsar una campaña de "represalias" contra sus adversarios.
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