En un contexto de recuperación moderada del PBI y presión fiscal creciente, el nuevo gobierno de Keiko Fujimori enfrenta la oportunidad y la urgencia de reactivar la economía. La tarea pendiente es tributaria, y también política: el desafío no es recaudar más a cualquier costo, sino diseñar una política inteligente que distinga entre escalas productivas y cierre brechas de informalidad antes de castigar a quien ya tributa. El país necesita enviar señales claras a quienes invierten y generan empleo, con estabilidad tributaria, predictibilidad normativa y diálogo con los sectores productivos como condiciones esenciales para crecer y consolidar la inversión como motor de desarrollo, especialmente cuando el equipo del MEF define su hoja de ruta fiscal.

Eso no está ocurriendo con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) cervecero: la propuesta de indexarlo a la UIT, sin criterio técnico ni gradualidad, introduce un riesgo de encarecimiento estructural que erosiona competitividad, sin atacar el verdadero problema dado por el mercado informal, que hoy compite sin pagar ISC ni IGV. La categoría, que ayer celebró su día en más de 50 países, aporta 0.7% del PBI, genera miles de empleos directos e indirectos y tiene producción formal en 22 de las 24 regiones del país, con más del 80% del valor generado quedándose en el territorio nacional, una particularidad que no comparten otros licores ni el circuito informal.

A esto se suma la incertidumbre sobre beneficios como el IGV Amazonía, cuya eventual eliminación golpearía inversión formal ya consolidada en zonas donde el Estado tiene poca presencia productiva. El entorno regulatorio y el riesgo impositivo siguen siendo el principal obstáculo para un crecimiento sostenido, competitivo y con impacto económico real.

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