El próximo jueves 20 de agosto, a las 11:00 a.m., la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional definirá si confirma o anula la condena de 14 años de prisión efectiva que pesa sobre el expresidente Martín Vizcarra. La audiencia de apelación, de carácter virtual, contará con asistencia obligatoria de la defensa del exmandatario, quien cumple su sentencia en el penal de Barbadillo.

El tribunal superior evaluará el recurso presentado contra el fallo que lo halló culpable del delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sentencia se originó en noviembre del 2025, cuando el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que Vizcarra recibió sobornos por 2.3 millones de soles de parte de los consorcios empresariales Obrainsa e ICCGSA.

Apelación se verá el próximo 20 de agosto.

A cambio de ese pago, según el fallo, ambas empresas obtuvieron la adjudicación de dos obras públicas en Moquegua: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando el exmandatario se desempeñaba como gobernador regional.

La resolución que fija la fecha de la audiencia establece que la presencia de la parte apelante es obligatoria. Si la defensa de Vizcarra no asiste a la sesión virtual, el recurso puede declararse inadmisible, según lo dispone el artículo 423 del Código Procesal Penal. Esa exigencia deja poco margen de maniobra para dilatar el proceso.

El expediente llega a esta nueva instancia después de varios reveses para la defensa. El Tribunal Constitucional rechazó en junio un habeas corpus con el que Vizcarra buscaba anular todo el juicio oral. También falló en su contra la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente otro recurso destinado a suspender la ejecución de la pena mientras se resolvía la apelación. Ninguno de esos intentos logró frenar su permanencia en Barbadillo.

El exmandatario permanece recluido desde entonces. El fallo incluyó, además de la pena de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2,336,000 soles. La sentencia no admite suspensión, así que el exgobernador ingresó de inmediato a prisión, pese a que su condena todavía no queda firme.

La audiencia de apelación no solo podría confirmar o anular la condena: también existe la chance de que la pena aumente. Germán Juárez Atoche, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, ha recordado que su despacho solicitó inicialmente 15 años de prisión, uno más de los que finalmente impuso el juzgado, y esa diferencia queda ahora en manos de los jueces superiores. El tribunal que deberá resolver, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, ya conoce a fondo estos hechos: en diciembre de 2025 archivó otro proceso contra Martín Vizcarra por colusión simple al considerar que esos hechos ya habían sido juzgados en el expediente de Lomas de Ilo. Ese antecedente marca el escenario en el que se decidirá el futuro de la pena que el expresidente cumple en Barbadillo, y deja en evidencia que los magistrados revisarán una causa sobre la que ya tienen un criterio formado.

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