La persistencia de la informalidad por más de tres décadas y sus niveles cercanos al 70% de la PEA ocupada ya no pueden justificarse como un fenómeno pasajero. Durante los años 80 y 90, fue vista como “un mal necesario”, una suerte de “válvula de escape” o “colchón social” frente a la crisis y el desempleo que dejaron las políticas de ajuste. Sin embargo, hoy sus efectos son devastadores: afecta severamente la productividad, reduce la recaudación y la protección social, y se convierte en el germen de actividades ilegales y criminales que debilitan la legitimidad del Estado, según advierte Nancy Laos Cáceres, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La exfuncionaria sostiene que cada elección presidencial revela un mapa con grandes brechas geográficas que evidencian la existencia de “dos Perú”. Por un lado, está el Perú urbano, articulado a los mercados, más productivo, con mayor presencia del Estado y de las grandes empresas, donde la formalidad laboral es relativamente más alta. Por otro, existe un Perú rural, andino y amazónico, con baja presencia estatal, servicios públicos insuficientes, débiles capacidades institucionales y altos niveles de informalidad. Esta “fractura” no explica por sí sola la actual polarización, pero sí ayuda a entender por qué los peruanos percibimos de manera tan distinta la situación del país.

Ningún país puede sostenerse en el largo plazo con niveles tan altos de informalidad, y las medidas aplicadas en los últimos 30 años no han funcionado. Quizá la razón sea un aspecto al que no se le ha prestado suficiente interés: el peso cultural.

Visiones sobre la informalidad

Rolando Arellano, en cambio, pone el acento en los factores culturales. Para él, la informalidad es un patrón de conducta colectiva con raíces históricas y de valores, que se explica por los “estilos de vida”. A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, donde muchos eligen la informalidad como un escape voluntario, en el Perú la mayoría de los informales “nunca pudieron entrar”: nacieron sin presencia del Estado y la formalidad jamás les dio la oportunidad de acceder. Por eso, sostiene que la solución no es combatir la informalidad sino hacer más accesible la formalidad. “Lo que deberíamos hacer es ver al informal como una semilla a la que hay que ayudar, no a la que hay que exterminar”, indica.

Otras miradas han abordado el fenómeno desde ángulos distintos. Hernando de Soto lo interpretó como una respuesta racional del ciudadano ante un Estado que impone barreras, costos y trámites excesivos, y propuso simplificar la tramitología y titular las propiedades informales para acercar a los emprendedores a la legalidad. Elmer Cuba, por su lado, se centró en los costos e incentivos que genera la regulación y planteó un “combo formalizador” con medidas laborales, tributarias y de seguridad social, alineadas a la heterogeneidad empresarial. Piero Ghezzi, en tanto, ha insistido en que nuestro crecimiento no genera los empleos formales suficientes y que, ante las limitadas capacidades productivas del país, se necesita una estrategia de “diversificación productiva” que cree nuevos motores y más empleo formal en sectores con potencial, más allá de la minería y la agroindustria.

La informalidad persiste casi intocable en los últimos 30 años, a pesar de sucesivas medidas económicas y de incentivos para reducirla, tal como lo evidencia el enlace. Esta persistencia obliga a revalorar el enfoque cultural, pues ninguna medida aislada —simplificación, reducción de costos, diversificación o comportamiento— bastará para salir del problema si no se reconocen causas entrelazadas y un origen multicausal. Concuerdo con cada mirada, pero invito a mirar el fenómeno con esa lente adicional.

Al ser multicausal, el problema exige un enfoque transversal que aborde simultáneamente los frentes económicos, laborales, tributarios y productivos, y con especial fuerza los factores culturales. La intervención debe hacerse con cirugía fina, sector por sector, porque no es lo mismo la informalidad en el ámbito agrario, turístico o manufacturero: en los detalles se esconden los grandes problemas.

¿Qué medidas transversales cabría tomar? Retomar la educación cívica y los valores en las escuelas; reforzar la cultura financiera, previsional y tributaria; impulsar campañas de integración nacional. También es fundamental fortalecer la confianza entre el sector público y privado, y acompañar a las pequeñas empresas en su formalización. Si el problema es multidimensional, la respuesta también debería serlo. Urge afrontar el fenómeno ahora que empieza un nuevo gobierno.

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