Pamela Almenara acumula segunda denuncia por actos contra el pudor mientras su primer caso sigue sin formalizarse

La bachiller en psicología Pamela Almenara Loayza, denunciada por agredir a un menor con autismo y epilepsia, enfrenta ahora una segunda acusación: esta vez por el presunto delito de actos contra el pudor en agravio de un niño de 10 años, quien también tiene diagnóstico de autismo. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo en el distrito limeño de Miraflores, según consta en el parte policial al que tuvo acceso RPP, y los padres del menor presentaron la denuncia tras el episodio. La madre del primer niño agredido dio a conocer esta nueva denuncia el último jueves 6 de agosto, en medio de la preocupación por el lento avance del caso original. Rosario Palacios, abogada de la familia denunciante, señaló que, a pesar de que han pasado cinco meses desde que se interpuso la denuncia, la Fiscalía aún no ha iniciado formalmente la investigación porque el menor no ha pasado por la entrevista en Cámara Gesell. El retraso, según la letrada, se originó por un error del agente policial que recibió la denuncia en la dependencia policial. "El policía se confunde y en vez de pasar la denuncia a Lima Centro, que es donde corresponde, lo manda a Puente Piedra. Como el caso se va hasta Puente Piedra y no se movía nada, porque no daban ni un oficio, la señora me vuelve a llamar y ahí es que ya mi estudio asume el caso y lo hemos estado impulsando para que se pueda abrir la investigación. Finalmente, ya la Fiscalía de Violencia de Lima asume competencia, el policía rectifica, vuelve a mandar los papeles a Lima, se reconduce y la Fiscalía finalmente abre una investigación", relató. La abogada explicó que, tras la rectificación del agente y la reasignación del caso a la Fiscalía de Violencia de Lima, la investigación finalmente fue abierta, aunque el proceso sigue a la espera de la diligencia clave con el menor en la Cámara Gesell para que la indagación se formalice por completo.

La nueva diligencia fue programada para el 28 de agosto. Tras el retraso, el Ministerio Público solicitó que el menor pase por la cámara Gesell, herramienta forense que recoge testimonios con un equipo multidisciplinario y que se emplea sobre todo en casos de violencia sexual contra menores. De acreditarse la acusación, la pena prevista contempla una privación de la libertad no menor de nueve ni mayor de 15 años.

Consultada en el programa Conexión sobre esta segunda denuncia, Pamela Almenara evitó referirse al tema. La bachiller en psicología respondió que el caso “está en investigación” y que no le compete hablar de ello en esa entrevista. “Eso está en investigación, le corresponde responder a mi abogada. No compete hablar de eso en la entrevista. Cada una se va a ver por su lado, mis abogados se encargarán de defenderme en el momento que sea conveniente”, señaló.

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