El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en la noche del jueves 6 de agosto dos nuevas órdenes ejecutivas para limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento. La medida llega poco más de un mes después de que la Corte Suprema rechazara su primer intento de restringir ese derecho, y busca evitar un desafío frontal al reciente fallo del máximo tribunal.
El pasado junio, la Corte Suprema ratificó por seis votos contra tres que la ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y por la legislación federal vigente. En esa decisión, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la promesa constitucional de ciudadanía se extiende a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, salvo excepciones históricamente muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas militares de ocupación.
El fallo anuló la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, que pretendía negar automáticamente la nacionalidad estadounidense a los hijos de personas que permanecen en el país de manera irregular o con estatus migratorio temporal. Tras ese revés judicial, la nueva estrategia de la Casa Blanca consiste en dictar medidas más específicas, dirigidas a determinados grupos de personas, en lugar de intentar eliminar de manera general el principio de ciudadanía por nacimiento.
La primera de las nuevas órdenes ejecutivas amplía las categorías de personas cuyos hijos no podrían acceder automáticamente a la ciudadanía estadounidense al nacer. Entre ellas figuran los hijos de personas vinculadas a organizaciones extranjeras consideradas “terroristas” por Estados Unidos, empleados de gobiernos de otros países, personas que hayan intentado obtener la ciudadanía mediante fraude y algunos casos relacionados con nacimientos en territorios estadounidenses cuya regulación dependería de eventuales cambios legislativos del Congreso.
Aunque la Casa Blanca intenta diseñar una estrategia distinta a la rechazada por el máximo tribunal, expertos prevén que varias de las nuevas disposiciones también enfrentarán desafíos constitucionales.
La segunda orden ejecutiva apunta exclusivamente contra el llamado “turismo de natalidad”, la práctica por la cual mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en ese territorio y obtengan la ciudadanía. La medida instruye a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a emitir nuevas normas para endurecer la concesión de visas y detectar solicitudes consideradas fraudulentas cuando el objetivo principal del viaje sea dar a luz en el país. La Administración Trump sostiene que quienes ocultan ese propósito al solicitar una visa cometen fraude migratorio y que las autoridades tienen facultades para negarles el ingreso.
Expertos, sin embargo, recuerdan que ese tipo de fraude ya constituye un motivo para rechazar visas bajo la legislación migratoria vigente y que administraciones anteriores también procesaron redes dedicadas a organizar este tipo de viajes. Gabriel Chin, profesor de Derecho de la Universidad de California en Davis, declaró a la cadena británica ‘BBC’ que el presidente puede tener facultades para restringir el ingreso de determinadas personas al país que considere tienen el objetivo de tener un hijo en territorio estadounidense, pero no para decidir que un menor nacido allí no sea ciudadano. “Una vez que sucede, una vez que un niño nace en Estados Unidos, no creo que el presidente tenga poder para decidir que ese niño no es ciudadano”, subrayó el experto, remarcando que el asunto ya quedó zanjado con la reciente derrota del Gobierno de Trump en la Corte Suprema. Chin también aseguró que el “turismo de natalidad” es “un fenómeno inusual”, teniendo en cuenta los millones de nacimientos que ocurren en Estados Unidos.
La orden firmada ahora incorpora supuestos relacionados con extranjeros considerados "enemigos" de Estados Unidos, retomando excepciones históricas que tradicionalmente habían tenido una aplicación muy limitada. A diferencia de la orden rechazada en junio, esta nueva disposición ya no busca excluir de forma generalizada a los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales, sino que intenta circunscribirse a categorías específicas que la Administración considera excepcionales. No obstante, varios especialistas consideran que algunas de esas restricciones siguen planteando problemas constitucionales.
Las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Trump representan un intento de la Casa Blanca por mantener vigente una de las principales banderas de su política migratoria, después del revés que sufrió en la Corte Suprema. No obstante, su alcance práctico podría ser acotado: la ciudadanía por nacimiento sigue amparada por la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda, que el máximo tribunal acaba de respaldar nuevamente, por lo que cualquier restricción impuesta por decreto previsiblemente volverá a enfrentar impugnaciones judiciales.
De hecho, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya adelantaron que recurrirán las medidas. Su postura es que ninguna orden presidencial puede alterar el significado de una garantía constitucional que la Corte Suprema acaba de reafirmar. En consecuencia, aunque las disposiciones podrían traducirse en mayores controles migratorios y restricciones para quienes intenten ingresar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz, no modifican el principio general: las personas nacidas en territorio estadounidense continúan siendo ciudadanas del país, salvo las excepciones constitucionales y legales históricamente reconocidas.
En paralelo, las cifras disponibles contradicen la narrativa oficial sobre la magnitud del fenómeno. Mientras Trump habló de cientos de miles de casos, el Instituto de Política Migratoria estima que cada año se producen entre 22.000 y 26.000 nacimientos asociados al turismo de natalidad, una cifra mínima frente a los cerca de 3,5 millones de nacimientos anuales registrados en Estados Unidos. Esa diferencia evidencia que el problema es mucho menor de lo que sostiene la Casa Blanca, lo que refuerza las dudas sobre la necesidad y legalidad de las nuevas restricciones.
El desafío jurídico, entonces, queda planteado: la administración insiste en limitar un derecho que la Corte Suprema acaba de proteger, y el resultado previsible será una nueva ronda de litigios que podría dejar nuevamente en suspenso las órdenes firmadas.
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