Con 69 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Congreso de la República aprobó el jueves, por insistencia, la ley que incrementa las pensiones de los maestros jubilados y cesantes, desoyendo las alertas del Poder Ejecutivo y del Consejo Fiscal.
La norma, que el Gobierno de Dina Boluarte observó en octubre del año pasado por los altos costos que implicaría para el Tesoro Público, establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial perciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, es decir, S/ 3,300.
El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, había advertido a Gestión que esta medida demandaría un desembolso anual de S/ 5,600 millones para el Estado, un financiamiento que no está asegurado. Pese a ello, el Poder Legislativo insistió con la propuesta.
La iniciativa, contenida en los proyectos de ley 3864/2022-CR y 4786/2022-CR, entre otros, busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que por años afectaron a los docentes del país. El beneficio alcanzará a los profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a los comprendidos en la Ley 29944.
Con la misma base de 162,000 jubilados, el costo mensual pasaría de S/ 129.6 millones a S/ 534.6 millones si la pensión promedio subiera a S/ 3,300, lo que equivale a un desembolso anual de S/ 6,415.2 millones, según el propio documento que detalla que hoy los maestros retirados perciben en promedio S/ 800 al mes, con un gasto anual de S/ 1,555.2 millones. Esa proyección incluso supera la estimación que había hecho el Consejo Fiscal.
Pese a las cifras, el Congreso sostiene que la medida no representa un gasto adicional directo al erario nacional, pues argumenta que “la fuente de la estimación proyectada está en los impuestos cobrados a las instituciones educativas privadas, así como el impuesto a la quinta categoría que actualmente se cobra a los docentes en ejercicio”.
La postura del Parlamento contrasta con la del Poder Ejecutivo de Dina Boluarte, que rechazó la propuesta al considerar que “rompe la uniformidad” de los esquemas pensionarios. La oposición no es nueva: desde mayo del año pasado, cuando el dictamen se aprobó en la Comisión de Economía del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu) enviaron opiniones técnicas en contra.
El Ejecutivo también advirtió que la iniciativa implica un mayor gasto público y que su aprobación sin participación del Gobierno sería inconstitucional, al contravenir el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe al Congreso aprobar medidas que generen gasto sin la venia del Ejecutivo.
El presidente del CF conversó con Gestión y, en diálogo con Alonso Segura, señaló que espera que el Ejecutivo discuta en el Tribunal Constitucional (TC) la constitucionalidad de esta y de otras medidas recientemente aprobadas por el Congreso. En esa línea, consideró que el Legislativo ha decidido, en esta última legislatura, ignorar los límites constitucionales que le marca el artículo 79. “Son S/ 3,000 millones [al año] por darle CTS y gratificación a los CAS, S/ 3,800 [en el largo plazo] por los cambios a la Caja Militar y Policial y S/ 5,600 de esta aprobación. Pero hay otras más, como la del CAFAE. De hecho, hemos identificado otras 3 que no tiene cuantificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hicimos un cálculo muy general de S/ 2,000 millones. La idea es que se observen todas los proyectos que se puedan y en las otras elevarlas al TC“, indicó.
En su autógrafa de octubre, el Ejecutivo subrayó: “El Congreso de la República no puede utilizar su facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, toda vez que dicha facultad constitucionalmente le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo”. A inicios de octubre del 2025, el entonces Gobierno de Dina Boluarte destacó como una de las principales observaciones sobre esta iniciativa el establecimiento de “una vinculación automática entre la pensión y la remuneración del personal en la actividad”, alertando sobre un “reajuste” constante de los beneficios.
Alerta por mecanismo de reajuste permanente
El documento que remitieron al Congreso, entonces presidido por José Jerí, advertía que esta disposición configura un esquema de “cédula viva”, “dado que genera un efecto espejo entre el ingreso del pensionista y del trabajador en actividad”. Sobre ello, el texto señalaba que “al enlazar directamente el monto de la pensión a la remuneración de la primera escala de un docente en actividad, se introduce un mecanismo de reajuste permanente cada vez que se incremente la RIM de dicha escala”.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
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