Horas después de que la Cancillería confirmara la entrega del salvoconducto a favor de Betssy Chávez, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció y dejó entrever que el Gobierno no descarta solicitar la extradición de la expremier, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima. "La posibilidad de un pedido de extradición está dentro de nuestras facultades, no lo hemos evaluado todavía", señaló la mandataria, con lo cual el trámite no se ha activado, pero tampoco quedó descartado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, mediante el Comunicado de Prensa 032-26 difundido la mañana de este 7 de agosto, que el documento se otorgó conforme a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado que vincula a Perú y México desde hace más de siete décadas. La Cancillería advirtió, además, que se reserva el derecho de pedir la extradición de Chávez Chino si el Poder Judicial lo requiere.
El punto cinco del texto de Cancillería es el que respalda las declaraciones de Keiko Fujimori: el salvoconducto otorgado a Betssy Chávez no cierra la puerta a una futura solicitud de extradición. El Estado peruano se reserva ese derecho "de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados", en caso de que las autoridades judiciales del país lo pidan más adelante. Esa cláusula deja abierta la opción que mencionó la lideresa de Fuerza Popular.
El comunicado oficial detalla, además, que Chávez Chino fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado, en la modalidad de conspiración para una rebelión, según el artículo 349 del Código Penal. La exministra también sigue bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Toda esa información fue trasladada de forma directa al gobierno mexicano junto con la entrega del documento.
El texto de Cancillería también responde a las dudas sobre una posible persecución política contra Chávez. El Gobierno peruano rechazó de forma enfática esa idea y sostuvo que en el país rige el Estado de derecho, con separación de poderes y respeto al debido proceso. Según la Cancillería, no existen motivos políticos detrás del proceso judicial que enfrenta la exministra, y el documento deja constancia de esa postura ante México.
El comunicado cierra con un mensaje sobre la relación bilateral, en el que la Cancillería destacó los lazos históricos de amistad entre Perú y México y reafirmó su apuesta por el diálogo diplomático. Además, el texto menciona el compromiso de ambos países con la libre circulación de personas y bienes, principios que forman parte de la Alianza del Pacífico. En paralelo, Perú informó que impulsa un proceso de consultas dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo, según el comunicado, es evitar que otros países usen la figura del asilo diplomático de manera distinta a su propósito original. La Cancillería busca que ese mecanismo conserve su naturaleza y no se aplique para eludir procesos judiciales legítimos.
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