Que Juntos por el Perú haya intentado colocar a César Tito Rojas como su representante en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados revela, o bien que el partido de Roberto Sánchez vive en una realidad paralela donde no dimensiona la gravedad del asunto, o que busca provocar al país para victimizarse con el trillado recurso del “terruqueo”. La designación resultaba aún más grave porque ya estaba acordado que quien eligiera esa bancada ocuparía la presidencia del grupo de trabajo encargado de velar por la conducta de los legisladores.

Tito Rojas figura como fundador del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), el grupo de fachada creado por orden directa de Abimael Guzmán para intentar lavarle la cara a su secta maoísta y genocida. Sus antecedentes incluyen además casos de violencia. Las leyes peruanas, en todas sus instancias, impidieron al Movadef participar en política por tener como “fundamento” el llamado “pensamiento Gonzalo”, la justificación “ideológica” inventada por el cerebro retorcido y sediento de sangre de Guzmán.

Ese “pensamiento” no es otra cosa que el pretexto para atacar con dinamita y bala al Perú y a los peruanos hasta desaparecerlos, tal como lo intentó desde el 17 de mayo de 1980 con el inicio de la lucha armada en Chuschi. ¿En qué cabeza cabe que poner a alguien así en el grupo que debe vigilar la ética de los diputados sea positivo para el país y para la imagen del Poder Legislativo?

Si Tito Rojas hubiese llegado a Palacio de Gobierno de la mano de Roberto Sánchez tras ganar la segunda vuelta electoral, hoy bien podría ser ministro de Defensa, del Interior o, lo que resultaría aún peor, de Educación. Es que este personaje, hoy convertido en diputado por esas cosas que solo se ven en el Perú, pertenece al sindicato semiclandestino de docentes radicales y filosenderistas —según la Policía Nacional— creado por el golpista Pedro Castillo. Ante semejante afrenta al país y en especial a las víctimas del terrorismo, no cabe otra posibilidad: o en Juntos por el Perú carecen de la más elemental noción de lo que implicaba poner a su diputado al frente de la Comisión de Ética, o todo lo han hecho con la finalidad de victimizarse ante los cuestionamientos que sin duda iban a surgir. Y es que Rojas no solo carga con una condena por violencia familiar, sino que además es investigado por promover desmanes en Puno en 2023. Por todo lo visto, no tengo la menor duda de que la designación fue una provocación deliberada.

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