Con la aprobación de la Ley N.° 32595, el Congreso dio luz verde a la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG), una base de datos especializada que centralizará información genética para fines de investigación criminal y búsqueda de personas. La norma, que establece que el banco tendrá carácter reservado y será administrado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), busca fortalecer la persecución del delito y mejorar los procesos de identificación humana.

El BNDPG almacenará y comparará perfiles genéticos obtenidos a partir de ADN no codificante, con el objetivo de apoyar investigaciones policiales, fiscales y judiciales, así como la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cadáveres. No obstante, la creación de esta herramienta también plantea interrogantes sobre los límites del uso de información genética por parte del Estado.

Banco de ADN: expertos advierten vacíos en la nueva ley sobre perfiles genéticos | Foto: Referencial

Aspectos como el almacenamiento permanente de perfiles, la incorporación obligatoria de investigados e internos penitenciarios, así como las garantías para proteger la privacidad y evitar accesos o usos indebidos de los datos, abren un debate sobre cómo equilibrar la lucha contra la criminalidad con la protección de derechos fundamentales como la intimidad y la autodeterminación informativa. La norma, en ese sentido, deja en evidencia los desafíos que implica manejar información sensible en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que los marcos legales.

La norma también contempla el intercambio de perfiles genéticos con organismos extranjeros y plataformas internacionales de cooperación criminal, como parte de investigaciones policiales y judiciales. Además, incorpora nuevos delitos al Código Penal para sancionar la alteración, falsificación o manipulación de material genético y la obtención, divulgación o comercialización indebida de los perfiles almacenados, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión en los casos más graves.

Los perfiles genéticos serán conservados de manera permanente, salvo que exista una orden judicial que disponga su eliminación. Precisamente, la decisión de mantenerlos sin un plazo definido es uno de los aspectos que genera mayor debate. La toma de muestras será obligatoria para investigados en procesos penales e internos penitenciarios, mientras que las víctimas y quienes deseen incorporarse voluntariamente deberán otorgar consentimiento informado.

El banco estará integrado por diversos registros: víctimas, investigados y procesados, evidencias biológicas obtenidas en escenas del crimen, personas privadas de libertad, servidores públicos vinculados a labores criminalísticas, personas desaparecidas y sus familiares. Finalmente, la ley encarga al Poder Ejecutivo la elaboración del reglamento que desarrollará los procedimientos y medidas de funcionamiento del sistema.

Otro de los reparos al banco genético apunta a su alcance. La norma habilita la incorporación de perfiles de personas investigadas sin diferenciar el tipo de delito ni la gravedad de los hechos, y Andy Carrión, socio del Estudio Carrión, advirtió que la categoría de “investigados” resulta demasiado amplia: podría abarcar desde autores de crímenes graves hasta ciudadanos cuyas denuncias luego se archiven o se declaren infundadas. Por eso, propuso que el reglamento fije criterios más específicos y restrinja la medida a ciertos delitos donde la identificación genética sea realmente indispensable para la investigación criminal.

En paralelo, Julia Loret de Mola, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, consideró que esta arista podría chocar con el principio de proporcionalidad de la normativa de protección de datos personales, que exige tratar la información de manera adecuada y no excesiva respecto de la finalidad que motivó su recopilación. Bajo esa lógica, planteó que se establezcan reglas y plazos de conservación diferenciados para investigados, absueltos y condenados. La especialista agregó que, cuando la información deje de ser necesaria para el fin que justificó su obtención, debería eliminarse de los sistemas correspondientes.

¿Quién protege el ADN de los peruanos? Las dudas que deja el nuevo banco genético | Crédito: Freepik

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