Minem plantea nueva Ley MAPE y estrategia con Sunat para fiscalizar plantas de oro

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene claro que el tiempo apremia. Con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) llegando a su fin en diciembre, la cartera sabe que "hasta diciembre no es mucho tiempo", pues no solo se trata de redactar una nueva propuesta, sino de presentarla ante el Congreso, donde "el Parlamento iniciará una serie de debates e intercambiar ideas".

Ante la pregunta de si el Reinfo podría no extinguirse en diciembre, la respuesta del Minem es cautelosa: "Primero debemos tener claro lo que puede indicar la nueva Ley MAPE". La ley que se busca impulsar debe establecer "cómo va a ser la continuación de aquellos que están en proceso de formalización y tienen pendientes por avanzar", reconociendo que muchos no concluirán su trámite a fin de año.

El punto de partida es complejo: la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) no prosperó en el Congreso anterior y el Gobierno previo tampoco insistió. "Cuando hay un nuevo Congreso, todo vuelve a foja cero", admiten desde el sector, por lo que se debe "presentar nuevamente una propuesta". La intención es retomar los proyectos previos y "ver qué falta complementar" para tener un texto definitivo.

El objetivo central de la nueva norma es "distinguir las distintas condiciones que tienen los pequeños mineros y artesanales frente a los medianos y grandes". En materia de formalización, se busca "darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Reinfo, para que puedan concluirlo".

Para construir la propuesta, el Minem planea un proceso participativo: "vamos a recoger ideas, nos vamos a reunir con las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras, así como con los que están en proceso de formalización, para recibir sus comentarios".

En paralelo, el ministerio aborda el combate contra la minería ilegal. Su rol ha sido tradicionalmente de apoyo: "es [el sector] donde está la relación de todos aquellos [mineros] que son formales o están en un proceso de serlo". Esa información "se suministra a las Fuerzas Policiales o a las Fuerzas Armadas, quienes son los que finalmente intervienen en las interdicciones", además de un alto comisionado que coordina estas acciones.

"Tenemos que apoyarlos, que se pueda establecer una estrategia mucho más inteligente para poder cortar la minería ilegal. En todo el Perú debemos estar en contra y combatir este flagelo", enfatizan.

Un frente clave son las plantas procesadoras de oro, muchas de las cuales no distinguían entre el mineral legal e ilegal. Según el Minem, estas instalaciones "están empadronadas. Hay una lista de plantas". La estrategia apunta a coordinarse con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), "que es la entidad que tiene el control de la trazabilidad, y con la Policía, para ver cómo, a partir de dichas plantas, podemos controlar todo [el oro] que pasa por ahí".

Sobre los detalles de esta medida, el ministerio es cauto: "No lo hemos conversado todavía con el MEF, de quien depende la Sunat, pero no quisiera adelantar todavía los detalles". Aun así, son enfáticos: "Lo que tenemos claro es que controlando bien las plantas podemos reducir la ilegalidad".

Plan de Gobierno de Fuerza Popular: ¿se seguirá desde el Minem?

El titular del Minem aclara que, si bien hay concesionarios que acumulan grandes extensiones de hectáreas, muchos de ellos están invirtiendo y ya tienen operaciones en marcha, aunque necesitan definir cómo capitalizar el resto de sus terrenos. Sin embargo, reconoce que también existe un grupo que especula con sus concesiones y que ese es un problema que debe corregirse. “Mucha gente habla de ‘concesiones ociosas’, pero esto no es así. El término está muy equivocado. Hay que diferenciar: así como hay buenos y malos mineros, también hay buenos y malos concesionarios”, sostiene.

Frente a la preocupación generada por el plan de Fuerza Popular de modernizar la Ley General de Minería para “evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción […]”, Shinno señala que los mineros en proceso de formalización podrían avanzar a través de contratos de explotación firmados con los buenos concesionarios. “Es algo que queremos ver, hasta qué punto los buenos concesionarios pueden ayudarnos con estos contratos de explotación para que los mineros en proceso de formalización puedan avanzar”, indica.

Consultado sobre la reducción de plazos para las concesiones que no producen —medida muy cuestionada por considerarse un golpe directo a la minería formal—, el ministro opina que un plazo menor solo funcionaría si el Estado actuara con oportunidad. Lamenta que los permisos no se otorguen en los momentos debidos, lo que retrasa la implementación de los proyectos, a lo que se suma la conflictividad social alrededor de ellos. “Lo que hay que tener claro también es que el Estado, cuando otorga una concesión minera, la da para que la trabajen, no para que especulen”, enfatiza.

Shinno adelanta que están evaluando si es necesario establecer un plazo o, por lo menos, garantías. Una alternativa sería la entrega de una carta fianza que comprometa al concesionario a presentar un plan de trabajo; si no lo ejecuta, se le cobra la garantía. Aun así, el equipo del Minem está revisando experiencias de otros países para decidir la mejor opción, siempre de la mano con un Estado eficiente.

En cuanto a los pasos donde se “atoran” los proyectos mineros, el ministro explica que la simplificación tiene dos etapas: la ambiental y la constructiva. La primera incluye la autorización de permisos; la segunda abarca la construcción en sí, la puesta en marcha y la operación. En la etapa ambiental, corresponde coordinar con el Ministerio del Ambiente (Minam), donde existe un espacio para optimizar y mejorar mediante una evaluación rigurosa y técnica. En la etapa constructiva, Shinno considera que hay mucho por hacer desde el Minem: “Seguro que hay cosas que pueden [revisarse] por control posterior, encargar al fiscalizador en ese momento, que puede ser el Osinergmin o el OEFA, para que verifique que efectivamente, durante la operación, se haya construido en función de lo que estaba en su estudio de impacto ambiental y del permiso de construcción”.

La Ventanilla Única Digital (VUD) minera es una de las propuestas que quedaron en espera y que el nuevo Gobierno quiere retomar. Hoy existe, pero solo con carácter informativo, cuando la meta original era que interconecte los procesos de todas las entidades involucradas. Sobre si se logrará tener en esta gestión una ventanilla única minera que sí funcione, el ministro señaló que “tenemos que hacerlo” y que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar mucho a hacer óptima esta herramienta. “Para los evaluadores va a ser mucho más sencillo [desempeñarse] cuando toda la información esté en un mismo sistema”, sostuvo. Para ello, dijo, hay que integrar al resto de las instituciones, principalmente las entidades vinculantes como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Ministerio del Ambiente (Minam), que son claves para efectos de permiso de minería, pero en general todos los sectores.

Consultado sobre cuánto tiempo demoraría, si los 5 años de gestión, respondió que no, que 5 años es demasiado y que “eso debe ser mucho antes”. Aseguró que hay avances con el Banco Mundial, sobre el encargo específico para la Ventanilla Única, y recordó que esto se incluye en un programa de US$ 200 millones con el banco (EMTAL 2.0), que va a ayudar de manera integral a todo el sector.

En relación con el plan de gobierno, que mencionaba incentivos tributarios para la reinversión, el ministro admitió que todavía no se ha conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero recordó que ya existía un mecanismo de reinversión de utilidades hace muchos años atrás. “Creo que podemos partir [tomando] como idea la experiencia que ya se tuvo y, a partir de ahí, [evaluar] qué podríamos actualizar o adaptar a los tiempos de hoy”, afirmó.

Sobre el pedido recurrente de que el canon se le entregue directamente a la población, el funcionario fue enfático: “Darle dinero directo a la población no funciona porque al final no genera desarrollo, es momentáneo y el recurso se va rápido”. No obstante, consideró que lo que se ha planteado en el plan de gobierno es correcto: un porcentaje del canon que reciben [regiones, provincias y distritos] sí o sí estarán obligados a invertirlo en las localidades [donde está la actividad]. En el plan de gobierno de Fuerza Popular se consignó que hasta el 40% del canon sería directamente redistribuido a la población de la zona de extracción, con control comunitario.

En cuanto a los proyectos mineros bajo el radar, como Tía María, que a mediados de julio volvió a ser cuestionado por el municipio de Islay, que puso en tela de juicio todos los permisos que se le había dado, cuando esto ya era un tema aparentemente zanjado, el ministro señaló que “siempre la estrategia es dialogar con la gente, con las autoridades”. Reconoció que hay un sector, entre ellos algunas autoridades, que no quieren el proyecto, pero cuando uno conversa con la población y, sobre todo, los jóvenes, es distinto. “Tía María está en plena construcción y esperemos que siga avanzando”, dijo, y agregó que “siempre va a haber alguna parte de la oposición [cuestionando], pero siempre está la disposición de dialogar con todos, con todas las autoridades para hacerles entender que este es un proyecto que ha sido debidamente estudiado”.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aseguró que su cartera no defiende a las empresas, sino a los proyectos que han sido aprobados. “Nosotros [como Minem] no defendemos a la empresa. Defendemos al proyecto y lo que como ministerio hemos aprobado”, señaló.

En esa línea, el titular del sector detalló cuáles son los proyectos mineros en cartera. En el corto plazo no ve uno tan grande como Quellaveco, pero mencionó a La Granja (US$ 2,400 millones), que tiene un compromiso de inversión y donde First Quantum ya tendría una metodología para sacar adelante el proyecto de cobre. También están en Cajamarca Michiquillay (US$ 2,500 millones) y El Galeno (US$ 3,500 millones), ambos considerados “proyectos expectantes” con los que se sentarán a conversar.

Otro proyecto sobre el que había mucha expectativa es Zafranal (US$ 1,900 millones). Sin embargo, Anglo American y Teck se han fusionado y Anglo tiene muchos más proyectos en su cartera. Pese a ello, el ministro afirmó que quieren conversar con todas las empresas mineras para que los proyectos salgan adelante.

En Moquegua, Minera Hampton, que opera Los Calatos, ha sido comprada por Chinalco. Según Shinno, la empresa estaría trabajando en el EIA para la explotación. De ser así, se sentarán con Chinalco porque, si están en esa etapa, la mina podría salir en 3 o 4 años.

“Hemos encontrado un exceso de personal”

Shinno también se refirió a cómo encontró la cartera a su llegada. Sobre la parte administrativa, subrayó: “Hemos encontrado un exceso de personal, sobre todo, haciendo labores administrativas. No es que les neguemos el derecho de trabajar, pero queremos enrumbarlos a las líneas que hacen desarrollar a nuestros sectores. Creemos que ahí pueden aportar mucho más”.

En cuanto a proyectos trabados, mencionó: “Además de la necesidad de [acelerar] los permisos, hay muchas acciones por hacer. Por ejemplo, encontramos proyectos de electrificación rural trabados, que vamos a empezar a impulsarlos”.

Respecto al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el ministro adelantó que se revisará. “Queremos darle otro enfoque para que llegue realmente a la gente que lo necesita. Se va a revisar”, remarcó.

Finalmente, Shinno agregó que plantearán una estrategia para el sector hidrocarburos porque se ha encontrado “un país con cada vez menos pozos y una producción en caída”.

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