El exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, fue declarado este jueves en desacato por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos. La medida responde a su negativa a contestar preguntas sobre su gestión en la pandemia de covid-19 durante una audiencia realizada la semana pasada, donde el científico de 85 años invocó su derecho constitucional a guardar silencio en más de 100 ocasiones.
La disputa sobre el origen del covid-19 vuelve así al centro del debate en Washington. Los republicanos sostienen que Fauci ocultó información relacionada con investigaciones en Wuhan, mientras el exasesor sanitario rechaza las acusaciones. En todas sus intervenciones ante los senadores, Fauci siguió el consejo de sus abogados y se limitó a repetir el mismo mensaje, describiendo el ambiente como hostil. "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución", expresó frente a los legisladores.
Su abogado, David Schertler, calificó la votación como una "burda maniobra política" y denunció que el proceso es una "venganza personal del senador Paul contra el Dr. Fauci, quien dedicó 50 años a la salud pública y ha salvado innumerables vidas".
La resolución prosperó pese al rechazo en bloque de los demócratas. El senador opositor Gary Peters cuestionó que la votación se haya realizado "sin presentar un caso sólido de que exista una base jurídica para declarar al doctor Fauci en desacato". Ahora, el presidente del comité, Rand Paul, anunció que enviará el caso de forma directa al Departamento de Justicia, sin pasar por una votación en el pleno de la Cámara Alta. Para que esa vía avance se necesita la aprobación del vicepresidente JD Vance, quien también preside el Senado.
Una eventual condena por desacato al Congreso puede terminar en prisión, como ocurrió con los exasesores de Donald Trump, Pete Navarro y Steve Bannon. La investigación sobre los orígenes del covid-19 se ha convertido en el eje del trabajo legislativo de Paul, quien sostiene que Fauci debería estar "tras las rejas" por financiar estudios peligrosos en laboratorios fuera del país antes de la emergencia sanitaria. El núcleo de la discrepancia entre ambos es si el coronavirus surgió de manera natural o se originó en un laboratorio de Wuhan, China.
Fauci, por su parte, fue perdonado preventivamente por el expresidente Joe Biden al cierre de su mandato. Ese indulto cubre sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025, pero no lo protege por su conducta posterior: específicamente, por negarse a declarar ante el Legislativo en la actualidad. El diario personal del exfuncionario alimenta además la disputa sobre el origen del virus en Wuhan, en un contexto donde Paul ha hecho de este tema su principal bandera legislativa.
La ofensiva contra el exdirector del NIAID ya trascendió Washington. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, anunció que su estado indagará al científico para determinar si cometió delitos que puedan juzgarse en tribunales estatales. "Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación de Fauci", escribió Murrill en su cuenta de X. La fiscal añadió que el experto "afirmó no recordar muchos detalles clave de sus propias acciones, y ahora estamos descubriendo registros contemporáneos que él conservaba". Al menos otros dos estados con gobiernos republicanos evalúan sumarse a estas pesquisas locales.
La investigación federal también avanza. El comité que preside Ron Johnson obtuvo una copia del iPhone de Fauci, cedida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy dirigido por Robert F. Kennedy Jr., un crítico abierto del antiguo responsable sanitario. Hace dos semanas, Paul divulgó más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci, obtenido como prueba legal durante la investigación. Los republicanos sostienen que esos escritos demuestran que el exdirector compartía dudas sobre el origen del virus que brotó oficialmente en un mercado de la ciudad china.
Tras esa filtración, más de cien científicos publicaron una carta en defensa del investigador, a quien consideran víctima de ataques de la Administración Trump.
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