Un día antes del debate previsto en el Senado, el Gobierno de Javier Milei decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba las reglas sobre la venta de tierras a extranjeros en Argentina. La iniciativa había generado un fuerte rechazo social y político por su posible impacto sobre la soberanía territorial, lo que llevó a las autoridades a postergar la reforma que flexibilizaba la compra de tierras por parte de extranjeros.
Un portavoz del bloque integrado por La Libertad Avanza y sus aliados confirmó a EFE que la medida fue adoptada por unanimidad con el fin de "continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso". La postergación no implica su eliminación definitiva, sino la intención de revisar el texto e incorporar nuevos aportes antes de volver a presentarlo, aclaró el vocero.
Gracias a esta decisión, el resto del proyecto continúa su trámite legislativo sin el punto más controvertido. Organizaciones sociales y especialistas celebraron la determinación del Ejecutivo, aunque este insiste en revisar el proyecto para alcanzar un mayor consenso.
El Senado aún debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble y una actualización de la Ley de Manejo del Fuego, entre otros puntos. Esto ocurre pese a que el oficialismo haya retirado el capítulo que permitía la venta de tierras a extranjeros.
La Ley de Tierras, vigente desde 2011 y aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mantiene así sus principales restricciones sin cambios. La normativa impide que personas y empresas extranjeras posean más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y fija un tope de 1.000 hectáreas para un mismo titular foráneo en la zona agropecuaria núcleo.
Inicialmente, el oficialismo había planteado eliminar ese límite y, al no conseguir respaldo, propuso elevarlo al 25%, pero esa modificación tampoco logró el consenso necesario. El Gobierno sostiene que flexibilizar la normativa favorecería la inversión extranjera y mejoraría la seguridad jurídica. En mayo, el ministro Federico Sturzenegger afirmó que la legislación actual representa un freno para el ingreso de capitales destinados al agro, la actividad forestal y la infraestructura portuaria.
Organizaciones sociales y sectores de la oposición convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna "La patria no se vende", al considerar que la reforma comprometía la soberanía y facilitaba el ingreso de grandes capitales sobre territorios declarados estratégicos. En tanto, el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires cuestionó la propuesta al advertir que "pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes" y "abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes".
El organismo señaló que alrededor de 13,2 millones de hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros, una superficie similar a la de Grecia o Nicaragua. Para el historiador Matías Oberlin, el principal problema no es únicamente la cantidad de tierras, sino su ubicación: los casos más sensibles se concentran en áreas de frontera y en regiones con recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos internacionales.
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