El Gobierno de Donald Trump planea contratar a una empresa privada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes que fueron deportados o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún mantienen deudas migratorias pendientes. La convocatoria de contratación federal fue publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), que detalla que la compañía seleccionada deberá encontrar a estas personas fuera del país norteamericano, notificarles sobre sus deudas y gestionar el cobro de las mismas.

Según el documento, “el contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”. Una vez que el individuo sea ubicado, la firma tendrá que informarle el monto exacto que adeuda y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla en cuotas u otra alternativa para resolver la obligación. El dinero podría ser cancelado por el propio inmigrante o por un tercero en su nombre.

La empresa también estará obligada a demostrar a las autoridades estadounidenses que halló a la persona correcta. Para ello, podrá recopilar pruebas como fotografías de la vivienda del deudor, facturas de servicios públicos o registros laborales. En caso de que el migrante haya fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.

La CBP calcula que unos 66 387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE. UU. tienen multas civiles pendientes de pago. En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin cobrar.

El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión. Esta nueva medida busca recuperar esos montos incluso cuando los deudores ya no residen en territorio estadounidense.

La nueva contratación apunta a que una empresa pueda localizar directamente a los deudores en los países donde residen, ampliando así la capacidad de cobro fuera de las fronteras estadounidenses. Hasta ahora, ninguna compañía había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero, según CBP, pese a que estas firmas intentan ubicarlos mediante cartas o llamadas telefónicas cuando la persona se encuentra fuera de EE.UU.

La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación. El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.

CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, la agencia destacó que actualmente no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos.

Fue recién en julio pasado que una de estas empresas logró ubicar a un deudor en el extranjero, un hito que hasta entonces no se había registrado. Esa experiencia es la que busca replicar y expandir la nueva contratación, que permitiría rastrear a los migrantes deportados en los países donde residen para cobrarles las multas pendientes.

La administración de Trump ha intensificado la búsqueda de migrantes deportados en el extranjero para cobrarles las multas impuestas por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Según documentos oficiales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha contratado empresas privadas de cobranza para localizar a estas personas en sus países de origen, principalmente en Centroamérica y México.

Las multas pueden ascender a miles de dólares por cada cruce fronterizo ilegal, y los migrantes que no paguen podrían enfrentar la prohibición de volver a ingresar a territorio estadounidense. Funcionarios han señalado que esta medida busca disuadir la migración irregular y recuperar los costos que el gobierno asume por los procesos de detención y deportación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la estrategia, argumentando que las deudas son impagables para muchas familias y que la medida genera incertidumbre. Hasta ahora, el gobierno no ha revelado cuántas personas han sido contactadas ni cuánto dinero ha logrado recaudar con este nuevo esquema de cobro.

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