El penal de Barbadillo, que alberga exclusivamente a exmandatarios, tiene actualmente tres reclusos: Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. El cuarto, Ollanta Humala, dejó el centro penitenciario el pasado 31 de julio, luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena por lavado de activos.
En medio de este panorama, el expresidente Toledo Manrique, de 81 años, busca obtener una gracia presidencial. La mandataria Keiko Fujimori se pronunció al respecto: "Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis. Uno, un carácter técnico y médico; y también con una mirada humanitaria".
El exlíder de Perú Posible cumple dos condenas en primera instancia por corrupción y lavado de dinero. La primera, dictada en octubre de 2024, es de 20 años y seis meses por el caso Interoceánica, por presuntamente haber recibido más de 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. La segunda, impuesta en septiembre de 2025, es de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, por presuntamente haber canalizado dinero ilícito para adquirir inmuebles.
Si bien la primera condena está en apelación, la eventual liberación de Toledo depende del Ejecutivo. Su defensa presentó dos solicitudes de gracia presidencial comunes para ambos procesos, argumentando que las investigaciones excedieron los plazos legales. Carlos Torres Caro, abogado del expresidente, sostiene que el caso de su defendido no corresponde a un indulto al no existir sentencia firme, y emplazó a la presidencia de la República a pronunciarse.
Mientras tanto, Vizcarra y Castillo permanecen recluidos en Barbadillo, aunque sus situaciones procesales y estrategias para buscar la libertad son distintas, como se detalla en este informe.
A pocos metros de ahí, la defensa de Martín Vizcarra sigue un camino completamente distinto. Su estrategia no contempla, por ahora, pedir una gracia presidencial: el objetivo es que una Sala de Apelaciones revierta la condena de 14 años de prisión que le impuso, en primera instancia, un Juzgado Penal Colegiado por presuntamente recibir un soborno de S/ 2.3 millones de constructoras vinculadas a su gestión como gobernador de Moquegua. Su abogado, Erwin Siccha, asegura que ni siquiera ha conversado con el expresidente sobre esa posibilidad. “En el fondo de la causa, nosotros no solo pretendemos una nulidad, que lastimosamente han sido vicios manifiestamente evidentes por parte de la actuación del Juzgado Penal Colegiado de primera instancia, sino que también nosotros estamos pretendiendo de que la Sala Penal Superior revoque directamente y proceda a absolver al señor Martín Vizcarra”, remarcó Siccha.
En paralelo, Vizcarra afronta otras investigaciones y una acusación vinculada a la contratación del cantante Richard Cisneros durante su gobierno, aunque ese proceso todavía no llega a la etapa de juicio.
En cuanto al caso de Balcázar, el letrado explicó que el expediente ya fue remitido al despacho presidencial y que este, en el trámite regular, debería enviarlo a la Comisión de Gracias Presidenciales para que emita opinión. “¿Qué es lo que ha hecho Balcázar? Simplemente, se lo ha trasladado al despacho presidencial y este, imagino que lo ha enviado, en el trámite regular, que es a la Comisión de Gracias Presidenciales, para que dé su opinión sobre el particular. Pero no puede detenerse. Si se detuviera, incurrirían en un ilícito penal, porque es el entrampamiento de un procedimiento administrativo que se ha iniciado en el mes de julio”, refirió.
Por su parte, Pedro Castillo cumple en Barbadillo una sentencia en primera instancia de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión, tras el golpe de Estado de diciembre de 2022. Durante el gobierno anterior, la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó 17 solicitudes de indulto y gracia presidencial presentadas a su favor. Hoy, su abogado, el exfiscal José Domingo Pérez, confía en que la condena sea revertida en segunda instancia por una sala de la Corte Suprema.
El penal de Barbadillo, construido originalmente para albergar al expresidente Alberto Fujimori tras su extradición desde Chile en septiembre del 2007, amplió con los años sus ambientes para recibir a otros exjefes de Estado. Hoy, Pedro Castillo es quien lleva más tiempo recluido allí: está desde diciembre del 2022, cuando se le dictó prisión preventiva por el caso del golpe de estado. En abril del 2023 fue internado Alejandro Toledo, luego de ser extraditado al Perú desde Estados Unidos, y Martín Vizcarra ingresó al penal en noviembre pasado. Sobre los demás procesos que la Fiscalía sigue contra su defendido por su gestión presidencial —incluido uno por el que pesa una orden de prisión preventiva—, la defensa de Pedro Castillo considera que terminarán archivados. “Hay que tener en cuenta de que son investigaciones que se han iniciado durante su propia gestión, incluso después de la misma. Por lo tanto, ya tienen largos años en investigación en la Fiscalía, y estos tienen que continuar bajo el firme compromiso que tiene el presidente Pedro Castillo de que todo esto se pueda esclarecer y el firme convencimiento que esto tendría que concluir en un sobreseimiento, ya que nos encontramos en una fase de investigación preparatoria, en otras palabras, en el archivo”, sostuvo. En el caso de Alejandro Toledo y Pedro Castillo, sus caminos legales han apuntado al Ejecutivo, pero la duda es si la comisión de gracias presidenciales o la presidenta tiene la última palabra. El abogado penalista Carlos Caro explicó: “Si bien la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales no es vinculante para que el presidente o la presidenta, en este caso, se desvincule de esa opinión, ya tendría que tener una buena justificación. Porque la comisión, más allá de los tintes que uno le pueda otorgar, el trabajo es técnico”, indicó.
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