La apuesta por la reconciliación como política nacional exige, antes que nada, que el gobierno se adscriba voluntariamente a la tradición cristiana del Perú. Esa es la premisa principal, la más importante. No se trata de una opción por el maquiavelismo político, ni por el realismo hobbesiano, tampoco por el eclecticismo relativista que tanto ha seducido al centro-derecha latinoamericano. Cuando la presidenta reconoce, como lo hizo en su discurso, la impronta de la Iglesia Católica en la historia del país, está afirmando que esa huella tiene un valor positivo y fundacional.

Urge, en ese sentido, enmarcar esta política en la tradición más amplia y sólida del cristianismo, para unir al país por encima de las diferencias artificiales que durante un cuarto de siglo han alimentado quienes, parafraseando al diplomático Víctor Andrés Belaunde, destruyeron la síntesis nacional. Es preciso derribar los muros del sectarismo, acabar con la procesión de las larvas grises de la corrupción impenitente y con ese rastacuerismo estatal que tanto daño ha causado. San Agustín lo advirtió con claridad: “si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño?”.

Reconciliar, entonces, es devolver al país el mínimo de justicia que requieren los más pobres para buscar un desarrollo sostenible, conforme a la doctrina social de la Iglesia. La conclusión de esta opción es la paz y el desarrollo. El camino contrario —la guerra, la violencia maniquea, el terrorismo sin perdón— ya sabemos a dónde conduce.

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