Las medidas cautelares emitidas por el juez Juan Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil-Comercial, han traspasado las fronteras peruanas de manera forzosa. El magistrado, en enero de 2022, dictó una disposición que favorecía a empresas de Colombia y Ecuador en un litigio contra la Comunidad Andina de Naciones (CAN), impidiendo el cobro de una carta fianza superior a los 18 millones de dólares. Dicho proceso se tramitaba ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
La CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tiene su sede en Lima, al igual que el avalista de la fianza. Esa circunstancia permitió que el juez peruano interviniera en un asunto transfronterizo donde la jurisdicción nacional no tenía competencia. Los abogados de las empresas involucradas reconocieron en audiencias que el propósito de la demanda era ganar tiempo.
Ante esta situación, la secretaria general de la CAN presentó un reclamo ante las autoridades peruanas y exigió al juez que "se abstenga de emitir pronunciamiento sobre asuntos que no son de su competencia y que son propios del derecho comunitario andino". El pedido consta en el proceso 01-AN-2021, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La funcionaria señaló que la medida respaldaba una conducta desleal del litigante Grupo Kimberly en un tema ajeno a la jurisdicción peruana.
El caso evidencia cómo las decisiones de Varillas Solano han generado un conflicto internacional, al intentar impedir el pago de una fianza en un litigio sobre concertación de precios de papel en Colombia y Ecuador, que afectó la libre competencia en la Comunidad Andina. La controversia pone en debate los límites de la independencia judicial frente a acuerdos supranacionales.
El origen de esta controversia se remonta a noviembre de 2021. El 25 de ese mes, las empresas del Grupo Kimberly demandaron ante el Tribunal de Justicia de la CAN a la secretaria general de la Comunidad Andina. El motivo: una multa impuesta por prácticas anticompetitivas en Ecuador y Colombia. Todo comenzó en 2014, cuando Kimberly-Clark Ecuador se acogió a un programa de clemencia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador y reconoció una concertación de precios en ese país.
Esa información, sin embargo, no se quedó en Ecuador. Fue compartida con el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia de la Secretaría General de la CAN, porque la concertación había sido planificada y orquestada desde Colombia, a través de Kimberly-Clark Colombia. Por esa razón, la multa superó los 17 millones de dólares. La empresa ecuatoriana reclamó que esos datos no debieron compartirse con otros países ni instituciones.
Frente a ello, el Grupo Kimberly acudió al Tribunal de Justicia de la CAN para anular las sanciones. El tribunal aceptó estudiar el caso, suspendió el pago de la multa y exigió una contracautela equivalente. Aquí el contraste con el juez peruano resulta evidente: mientras que Varillas Solano, de acuerdo con su perfil litigioso, habría pedido 17 mil soles o menos, la CAN optó por una suma que realmente compensara el riesgo. El grupo empresarial aceptó el pedido, y Kimberly Colpapel S. A. emitió una carta fianza en el banco Guayaquil, afianzada por Liberty Seguros, a favor de la Comunidad Andina por US$18.344.916,00, pues lo que se buscaba suspender era una multa de 17 millones de dólares.
Ya en 2022, al hacerse evidente que las empresas no podían probar sus argumentos, el tribunal de la CAN comenzó a solicitar el pago de la multa o la ejecución de la carta fianza. Fue entonces cuando apareció el juez peruano. Según los expedientes de la CAN, Varillas habría ordenado al Banco de Guayaquil abstenerse de ejecutar la carta fianza. Para un juez acostumbrado a fijar fianzas ínfimas, una garantía superior al monto en reclamo debió parecerle un abuso.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió un procedimiento administrativo sancionador contra Kimberly-Clark Perú (productos Suave) y Productos Tissue del Perú (Elite), tras la confesión registrada en Ecuador. Se investiga un presunto acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico y otros productos de papel en nuestro país.
La medida del juez Varillas Solano provocó que la secretaria general y el Tribunal de la CAN le exigieran no intervenir, y que las autoridades peruanas actuaran. Durante las diligencias, los abogados de Kimberly admitieron que no estaban dispuestos a pagar y que habían agotado todas las medidas legales posibles para evitarlo, incluido recurrir a un juez peruano. Nadie quiere ver lo evidente: un triste papel de la judicatura peruana, avalada por las máximas instancias del Poder Judicial.
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