La renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba la lista de Renovación Popular, destapó lo que muchos consideran una reelección encubierta de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima. El exalcalde, impedido expresamente por la Constitución para postular al cargo de burgomaestre, ahora apunta a mantenerse en el poder municipal a través de una "jugada" que, en la práctica, vulnera el espíritu de la Carta Magna. Se trata de una sacada de vuelta a la legalidad, una viveza que en cualquier país civilizado tendría que ser corregida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El JNE, sin embargo, ya dio un paso en falso al permitir que López Aliaga no asuma la función de senador para la que pidió el voto de los ciudadanos. Con esa habilitación, el líder de Renovación Popular quedó apto para aspirar a la teniente alcaldía de Lima, pero no para la alcaldía, por la prohibición constitucional. Ahora, con la renuncia de Rubio, el camino quedó allanado para una maniobra que burla la norma, más allá de cualquier recurso abogadil propio de una clase política cada vez más venida a menos.

López Aliaga no es el único. En Lima y diversas zonas del país, otros alcaldes optan por la misma triquiñuela legal para atornillarse en el cargo. El caso más escandaloso es el de San Miguel, donde Eduardo Bless aspira a mantenerse en el sillón municipal. Este personaje ya fue teniente alcalde en una gestión anterior cuando no pudo repetir el plato. Ahora, de manera más abierta y hasta descarada, busca seguir manejando los destinos de su distrito, desafiando el espíritu de lo señalado en la Carta Magna, que el JNE debe hacer respetar.

Si el Jurado Nacional de Elecciones, que lidera Roberto Burneo, realmente administrara justicia en materia electoral, debería frenar de inmediato las aspiraciones reeleccionistas de Rafael López Aliaga, Bless y compañía. El espíritu de la Carta Magna es claro: gobernadores regionales y alcaldes no pueden repetir el plato, y eso debe respetarse. ¿Para qué existe el colegiado si permite que se burlen en la cara de la ley de leyes?

En las distintas regiones del país abundan casos similares. Es cierto que el ciudadano, como soberano que acude a las urnas y decide por uno u otro, tiene la última palabra en materia electoral, y que la Constitución consagra el derecho de las personas a elegir y ser elegidas. No obstante, para postular a un cargo primero hay que cumplir con las leyes y, en especial, con lo señalado —guste o no— por la Constitución, que en estas situaciones está siendo burlada por criolladas que se alimentan de los vacíos legales. La ley de leyes no puede quedar en letra muerta por interpretaciones acomodadas.

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