El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, salió a responder públicamente luego de que se conociera la solicitud fiscal de 9 años y 4 meses de cárcel en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

Harvey Colchado rechazó la investigación fiscal en su contra.

En un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el congresista aseguró que el documento “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal” y lo calificó como “una acusación con insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.

“Como ciudadano y hoy como diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley no estará nunca por encima de ella”, manifestó.

Colchado Huamaní también advirtió que la denuncia fiscal se hace pública coincidentemente cuando asume funciones como integrante de la Comisión de Ética. “Fiel a mis convicciones, no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, señaló.

“Quiero recalcar que, mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, gozo de la presunción de inocencia. Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación”, sentenció.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) presentó el requerimiento contra Harvey Colchado (Ahora Nación). El Ministerio Público sustenta su pedido en los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, y sostiene que los hechos investigados se remontan al 2021, cuando el ahora diputado habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente, pese a que, según la tesis fiscal, continuaba desempeñándose como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP). La declaración cuestionada fue registrada en un poder especial otorgado el 30 de abril de 2021 ante una notaría pública. Ese documento facultaba a una tercera persona para administrar, alquilar y ejecutar otros actos sobre un inmueble ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas. La información consignada no reflejaba la condición laboral real del entonces oficial de la PNP. Por estos hechos, la fiscalía ha solicitado 9 años y 4 meses de prisión para el parlamentario, quien ya ha manifestado su postura frente al pedido en su contra.

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