El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) fue declarado en reorganización por 120 días calendario mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI. La norma, impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori, pone bajo la lupa la estructura administrativa, el funcionamiento interno y la ejecución de recursos y proyectos del sector agrario.
La evaluación estará a cargo de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, que deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector. El análisis abarcará planeamiento estratégico, gestión presupuestal, ejecución de inversiones públicas, mecanismos de integridad y control interno, además de otros aspectos que se consideren necesarios para determinar posibles acciones de mejora.
El alcance no se limita a la sede central: también comprende a las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, que deberán proporcionar información y apoyo técnico durante el proceso. Aunque la norma no modifica todavía el organigrama, abre un proceso que podría derivar en reformas administrativas, con el objetivo de identificar problemas de gestión y proponer medidas de reforma institucional.
El decreto publicado este miércoles no modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Midagri ni altera la composición de sus viceministerios. Cualquier cambio concreto —como ajustes en direcciones generales, creación o eliminación de oficinas, o modificaciones en programas— requeriría normas adicionales. La norma tampoco precisa qué dependencias serían objeto de transformaciones específicas, aunque el alcance podría tocar áreas de infraestructura de riego, desarrollo rural, agricultura familiar y programas de apoyo productivo.
El proceso arranca con un plazo de 120 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación. En esos cuatro meses, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico y formular propuestas de reforma, evaluando si existen duplicidades de funciones, problemas de coordinación, retrasos en la ejecución de inversiones o deficiencias en los procesos administrativos del sector.
La evaluación coincide con un escenario en el que diversos proyectos de riego e infraestructura hidráulica han acumulado observaciones por retrasos, ampliaciones de plazo y deficiencias técnicas. La Contraloría General de la República ya ha emitido alertas de control sobre obras ligadas al agro, y la plataforma de Consulta Amigable del MEF permite contrastar los niveles de ejecución presupuestal entre las unidades ejecutoras y los proyectos especiales asociados al Midagri. Ambos sistemas, de acceso público, sirven para verificar el desempeño de las inversiones del sector y respaldar el diagnóstico que se realice durante la reorganización.
El contexto político de la decisión
La medida coincide con la preparación de un pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos durante 120 días en materias vinculadas con reactivación económica, simplificación administrativa, infraestructura y gestión de recursos hídricos. Aunque se trata de una iniciativa distinta al Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, ambos procesos se desarrollan de manera paralela y podrían influir en la política agraria y de riego en los próximos meses.
El Midagri es una de las carteras con mayor presencia territorial debido a su relación con gobiernos regionales, juntas de usuarios, proyectos de irrigación y programas orientados a pequeños productores. Por ello, cualquier reforma en su organización puede tener efectos sobre la ejecución de obras y servicios vinculados al agro.
Presupuesto y ejecución de proyectos
Uno de los puntos relevantes del decreto es que el proceso deberá realizarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las actividades vinculadas al diagnóstico y a la formulación de propuestas deberán financiarse con el presupuesto institucional ya asignado al ministerio para 2026.
La inclusión de la ejecución de inversiones públicas dentro de los aspectos a evaluar resulta especialmente significativa en un sector donde los proyectos de riego y desarrollo rural suelen enfrentar observaciones por retrasos, sobrecostos o baja capacidad de ejecución.
En los últimos años, distintos proyectos especiales de irrigación han requerido reestructuraciones, cambios de gestión o revisiones de contratos, lo que ha mantenido el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura agraria de gran escala.
La reorganización se produce poco después del inicio de la gestión del ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien asumió recientemente la conducción del sector. La decisión ocurre en un momento en que el Gobierno viene realizando ajustes en distintas entidades públicas y revisiones de su estructura administrativa.
El decreto publicado no implica todavía una reforma estructural definida, sino una habilitación para revisar el funcionamiento del ministerio. Hasta ahora no se han anunciado cambios específicos en viceministerios, direcciones, programas o proyectos especiales; el efecto inmediato es el inicio formal de un proceso de revisión institucional.
Ese proceso deja en incertidumbre el alcance real de las reformas que podrían proponerse al concluir el diagnóstico. El resultado dependerá de las conclusiones que presente la Oficina de Modernización y de las decisiones que adopte el Ejecutivo sobre la organización del principal ministerio encargado de la política agraria y de riego del país. La evaluación de la cartera, en ese sentido, abre un periodo de expectativa sobre los cambios que podrían venir.
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