La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara, presentó una acusación formal contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado. El Ministerio Público solicitó que sea condenado a 9 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.
El requerimiento ingresó al Poder Judicial el pasado 24 de julio y fue asignado al 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Esa instancia deberá evaluar la acusación y determinar si el caso avanza a la siguiente etapa judicial. La investigación se remonta a hechos ocurridos en 2021 y, por ahora, representa la posición del Ministerio Público dentro del proceso penal.
La acusación no solo alcanza a Colchado. También comprende a Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, investigados por el presunto delito de negociación incompatible. En todos los casos, la Fiscalía señala que el Estado es la parte agraviada.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado a un Poder Especial otorgado por Colchado el 30 de abril de 2021 ante un notario público. Ese documento autorizaba a Martina Huamaní Ordóñez a administrar, alquilar y realizar actos de compraventa sobre un inmueble ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas.
La tesis fiscal sostiene que esa declaración consignada en el instrumento público sería el sustento del presunto delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal. En el documento notarial, Colchado habría anotado que su ocupación era “independiente”, pese a que, según el Ministerio Público, en esa fecha continuaba como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la Macro Región Policial Lambayeque.
Para respaldar esa afirmación, la Fiscalía cita la Resolución Ministerial N.° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021, que acredita que el entonces oficial permanecía en servicio activo. También se indica que el Poder Especial fue inscrito posteriormente en la Sunarp, trámite que integra los elementos considerados en la investigación. El requerimiento acusatorio, además, desarrolla el presunto delito de negociación incompatible, por el cual la Fiscalía atribuye distintas responsabilidades a los investigados.
En total, se plantea una condena de 9 años y 4 meses de prisión para Harvey Colchado: cinco años y cuatro meses por negociación incompatible y cuatro años por falsedad ideológica. El caso forma parte del expediente judicial 01179-2026, y ahora corresponde al Poder Judicial analizar la acusación del Ministerio Público, revisar los elementos reunidos durante la etapa de investigación y determinar si el proceso pasa a juicio oral.
CASO PASA A EVALUACIÓN JUDICIAL
La acusación fiscal representa únicamente la posición del Ministerio Público, que deberá ser debatida en el proceso judicial. Serán las partes las que presenten sus argumentos y medios probatorios antes de que se emita una decisión definitiva, pues hasta el momento no existe sentencia ni declaración de responsabilidad penal contra el coronel Harvey Colchado.
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