El suboficial de la Policía Nacional del Perú Wilfredo Oscco Ludeña, investigado por el homicidio calificado de Denilson Huaraca Vílchez durante las protestas de 2023 en Andahuaylas, presentó un recurso para que su proceso salga de la justicia ordinaria y sea derivado al Fuero Militar Policial. El pedido fue dirigido al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y constituye el primer antecedente de aplicación de la Ley 32735.
En el escrito, presentado el pasado 22 de julio, la defensa del agente sostiene que los hechos ocurrieron cuando cumplía órdenes para desbloquear vías durante un estado de emergencia, por lo que exige que se aplique la nueva norma. “El recurrente viene siendo procesado por hechos que representan cumplimiento de función y estos se dieron bajo el marco jurídico del Estado de Emergencia”, se lee en el recurso.
Se trata del primer intento formal de un miembro de las fuerzas del orden para acogerse a la Ley 32735, aprobada recientemente, con el objetivo de retirar del Poder Judicial una investigación contra un policía y clasificar su actuación durante las protestas como un "delito de función" bajo la justicia castrense. Este pedido marca un precedente, pues ningún otro efectivo había invocado esta norma para librarse de los tribunales ordinarios.
La solicitud se convierte así en el primer caso en el que un efectivo policial busca que su proceso sea transferido a la jurisdicción militar, en lugar de continuar en la justicia ordinaria donde se le investiga por la muerte de Huaraca Vílchez.
Para el abogado Carlos Rivera, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), el pedido presentado por la defensa del policía investigado no solo es inconstitucional, sino que convierte a la Ley 32735 en "una herramienta para generar impunidad en los casos de las protestas". En esa línea, el letrado cuestionó que se pretenda "sacar del fuero común una investigación por violaciones a los derechos humanos para llevarla a un fuero que no garantiza independencia".
La solicitud, amparada en la nueva legislación, busca que el juez ordinario archive la investigación penal iniciada por la Fiscalía común en un plazo no mayor a 30 días, anule las medidas cautelares vigentes y transfiera las actuaciones al fuero castrense. El propio escrito de la defensa pide que "se emita el Auto de Transferencia de Competencia al Juzgado Penal Militar Policial Competente". Frente a ello, especialistas han advertido sobre el peligro de trasladar casos de violaciones a derechos humanos hacia tribunales integrados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía.
Rivera explicó que la norma amplió la figura del delito de función para abarcar cualquier operativo en estado de emergencia, lo que perjudica la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas. "La ley permite un pedido tan fuera de la norma e inconstitucional como el que se ha hecho", señaló, y agregó que esta legislación "crea nuevos mecanismos que imposibilitan a los familiares obtener justicia pronta".
El especialista del IDL comparó la situación con episodios oscuros de la historia peruana: "Lo que quieren es un fuero complacente, como lo fue la justicia militar en el pasado en casos como Acomarca o del Grupo Colina, donde actuó como una pantalla de impunidad". En ese sentido, sentenció que "la justicia no está para ser amiga de nadie" y que "lo único que le queda a las víctimas es que los jueces inapliquen esta norma por ser abiertamente inconstitucional".
Para la excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Julissa Mantilla, lo ocurrido era un escenario totalmente previsible tras la aprobación del marco legal. La especialista sostuvo que la norma sobre delito de función no debe analizarse de forma aislada, sino dentro de un paquete que denominó "leyes pro-impunidad". "Era evidente que esta norma se estaba dando para beneficiar a acusados por violaciones a los derechos humanos y pasarlos al fuero militar”, afirmó. En esa línea, recordó que la Corte IDH ha establecido de forma reiterada que las afectaciones a civiles jamás pueden ser tratadas bajo la jurisdicción castrense.
El pedido de la defensa del policía investigado, según el abogado Carlos Rivera, carece de sustento técnico. "La defensa de este policía ha planteado una declinatoria de competencia para que el Poder Judicial entregue el proceso a la justicia militar. Pero ahí hay un problema, porque no tenemos conocimiento de que exista un proceso abierto en la vía militar que permita hacer un pedido de esa naturaleza", explicó Rivera al evaluar los mecanismos de control que tiene el juez frente a esta solicitud y el alcance de la ley.
Mantilla advirtió además que ordenar el archivo o traslado de investigaciones en plazos breves atenta contra las garantías del debido proceso y la independencia de poderes. La norma, dijo, "no solo amplía la noción de delito de función, sino que le da la potestad al Fuero Militar de ordenarle al Fuero Civil que le entregue las causas. Eso nos lleva a la destrucción de los rezagos democráticos". En ese sentido, cuestionó que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, haya aprobado una norma inconstitucional y que el juez deba aplicarla: "No puede ser que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, decida aprobar una norma inconstitucional y el juez deba aplicarla”.
La experta también señaló que existen represalias y persecución contra fiscales y jueces que han inaplicado este tipo de leyes inconstitucionales. “Han hecho lo correcto y la represalia que están sufriendo es la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia”, sostuvo, y precisó que son los jueces quienes disponen cómo debe fallar la justicia y tienen el deber de realizar un control de convencionalidad e inaplicar estas solicitudes.
En esa línea, Mantilla felicitó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien en un discurso recordó que la justicia no puede depender del poder ni de las influencias.
Por otro lado, la bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley, impulsado por el diputado César Augusto Holguín Loaiza, que plantea la derogación integral del marco normativo catalogado por diversos sectores como “leyes pro crimen”. La iniciativa busca restablecer las capacidades operativas e investigativas del Estado en la persecución de la corrupción, la minería ilegal, las redes criminales y los abusos a los derechos humanos, restituyendo los textos originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado que regían antes de las recientes reformas aprobadas por el Congreso.
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