La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, que dirige la fiscal Diana Mayra Paico Guevara, formuló un requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado. El pedido, que incluye 9 años y 4 meses de prisión, fue recibido por el Poder Judicial el 24 de julio de 2026 y recayó en el 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en corrupción de funcionarios.
Al exintegrante de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se le imputan dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El Ministerio Público no solo alcanza a Colchado con esta acusación: también señala a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas como autores de negociación incompatible. En los tres casos, el agraviado es el Estado.
El requerimiento acusatorio contra el parlamentario de Ahora Nación se conoce en un contexto en el que la independencia judicial está en debate. Al respecto, la jueza Janet Tello advirtió: “Si se llegara a destituir a un juez porque una autoridad discrepa, se eliminaría la independencia judicial”.
El caso de falsedad ideológica contra Harvey Colchado gira en torno a un inmueble ubicado en la Urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito de Comas, identificado con dirección en la avenida Guillermo de la Fuente N° 1058. Según el requerimiento fiscal, el ex coronel PNP se convirtió en propietario de esa propiedad tras un proceso de sucesión intestada. La acusación se sustenta en un documento notarial específico: un Poder Especial que Colchado otorgó a favor de una tercera persona para administrar el bien. La Fiscalía sostiene que la información falsa que habría consignado en ese documento configura el delito previsto en el artículo 428° del Código Penal.
El origen del segundo delito atribuido a Colchado se remonta a abril de 2021, cuando el entonces coronel PNP habría declarado ante un notario que su ocupación era "independiente". El problema, sostiene el Ministerio Público, es que para esa fecha Colchado ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad y estaba asignado a la Macro Región Policial (Macropol) Lambayeque. Es decir, la Fiscalía considera que la declaración de ocupación "independiente" resulta incompatible con su condición de efectivo policial en servicio activo, lo que configura el presunto delito de negociación incompatible junto con la falsedad ideológica por el que el Ministerio Público pide nueve años de prisión.
En el testimonio notarial otorgado el 30 de abril de 2021 ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo, Harvey Colchado se identificó como una persona "de ocupación independiente" y entregó a Martina Huamaní Ordóñez un Poder Especial para administrar el inmueble, así como para realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. La Fiscalía cuestiona esa declaración y sostiene que, según la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada, Colchado ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional y se encontraba en actividad. El Ministerio Público también remarca que el Poder Especial se inscribió en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, fecha en la que, según el documento oficial citado, Colchado mantenía esa condición policial. El caso está vinculado a la Fiscalía y a Harvey Colchado.
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