La bancada de Juntos por el Perú arrancó su gestión parlamentaria con una distancia incómoda entre el discurso y la práctica. La detención en flagrancia de un diputado por agredir a su expareja dejó al partido sin reacción inmediata: pasaron días hasta que su vocero rompió el silencio, y lo hizo cuestionando la labor policial antes de expresar solidaridad con la víctima.

Nadie en la agrupación podía alegar sorpresa. Julián Pérez Mallqui llegó al Congreso con un historial público de sentencias por violencia familiar, lesiones culposas y falsa declaración. Aun así, fue candidato, resultó elegido y recibió respaldo de su organización.

Recién cuando la nueva investigación por agresión se volvió imposible de ignorar aparecieron las explicaciones y la prudencia. El contraste con otra situación interna es revelador: la misma bancada actuó de inmediato para sancionar a una senadora por, supuestamente, votar distinto en la elección de la Mesa Directiva, pero ahora pide calma y esperar las investigaciones.

Hay principios que parecen activarse solo cuando el acusado pertenece al bando rival. Cuando el agresor es de los propios, las condenas bajan de tono, los comunicados se enfrían y la indignación entra en pausa. También llama la atención el silencio de organizaciones que suelen alzar la voz frente a casos similares.

Si la reacción cambia según la cercanía política del agresor, la defensa de las víctimas pierde credibilidad. La democracia se debilita cuando partidos, instituciones y organizaciones miden su indignación con la vara de la conveniencia.

La verdadera prueba de una convicción llega cuando toca señalar a los propios con la misma firmeza que se exige para el adversario. Los principios de verdad no preguntan primero de qué partido es el agresor. Empiezan donde termina la conveniencia.

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