La Asociación de Consumidores de Gas del Perú alertó que el país sigue expuesto a una nueva emergencia de similares características a la registrada en marzo, cuando una deflagración en el ducto de Camisea interrumpió el suministro de gas natural. El gremio pidió al Gobierno priorizar la seguridad energética y exigir al concesionario medidas concretas para garantizar la continuidad del servicio.

En una entrevista con Economía Para Todos de RPP, el presidente de la asociación, Roberto Santiváñez, señaló que el incidente dejó en evidencia que el sistema de transporte de gas natural "no tiene la resiliencia ni el nivel de disponibilidad que exige el contrato de concesión". Esto, pese a que se trata de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de energía, la industria, el transporte y millones de hogares peruanos.

"La preocupación es que ya han pasado cinco meses y el Estado, como contraparte contractual del concesionario, no ha adoptado ninguna medida orientada a fortalecer el cumplimiento de esa obligación", afirmó Santiváñez.

Impacto en inflación y abastecimiento

El representante del gremio recordó que la paralización parcial del sistema afectó el abastecimiento de GNV para miles de taxistas y redujo la disponibilidad de GLP. Además, el incidente tuvo efectos sobre la inflación de marzo, que registró uno de los incrementos mensuales más altos de los últimos años.

Santiváñez advirtió que el país evitó una crisis mayor porque la emergencia ocurrió en una temporada con alta disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica. No obstante, un evento similar durante la época de estiaje podría ocasionar también cortes de electricidad, según el dirigente.

“No podemos vivir otro evento como este”, enfatizó.

Piden que el Estado haga cumplir el contrato

Para Acogas, la prioridad no debe ser únicamente imponer sanciones al concesionario, sino garantizar que la infraestructura pueda responder adecuadamente ante futuras contingencias. Santiváñez explicó que el contrato de concesión establece una disponibilidad del sistema de 99 %, lo que implica que, frente a una falla no programada, el servicio debería restablecerse en aproximadamente tres días y medio. No obstante, tras la emergencia de marzo, la recuperación tomó alrededor de trece días y medio.

“El Estado no tiene que decirle al concesionario cómo resolver el problema, sino exigirle que cumpla con el resultado comprometido. La tarifa que pagamos genera recursos suficientes para contar con infraestructura de respaldo, redundancias y una mejor capacidad de respuesta”, sostuvo.

Proponen actualizar un estudio elaborado en 2004

Como parte de las medidas, el gremio propuso actualizar el estudio de disponibilidad del sistema de transporte de gas natural, elaborado hace más de dos décadas. Según explicó Santiváñez, ese análisis permitiría identificar los puntos críticos de la infraestructura y definir las inversiones necesarias para fortalecer la seguridad del sistema, ya sea mediante tramos redundantes del ducto, equipos de respaldo o mejoras en los procesos de mantenimiento y atención de emergencias.

“Lo que debería hacer el Gobierno es exigir al concesionario un plan para garantizar la disponibilidad del sistema y establecer un plazo razonable para ejecutarlo”, indicó.

Plantean modernizar la regulación del sector

El presidente de Acogas también consideró necesario actualizar los reglamentos que regulan el transporte de gas natural, al señalar que fueron diseñados hace más de 20 años, cuando el objetivo principal era facilitar la inversión en un mercado que aún no contaba con una demanda desarrollada.

El gremio adelantó que presentará una propuesta al nuevo titular del sector, Guillermo Chino, para que la seguridad del sistema de transporte de gas natural sea incorporada entre las prioridades de la política energética del Gobierno. La iniciativa se sustenta en la experiencia acumulada durante dos décadas, que a su juicio evidencia la necesidad de flexibilizar algunas disposiciones mediante cambios reglamentarios que pueden ser impulsados por el Ministerio de Energía y Minas. De esta manera, la organización busca que el Ejecutivo atienda el tema con urgencia y que las lecciones de la reciente emergencia se traduzcan en ajustes normativos concretos. La propuesta, según adelantó, será elevada al ministro Chino con el fin de fortalecer el marco regulatorio del transporte de gas natural y evitar que se repitan situaciones como la ocurrida hace cinco meses.

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