Las fiscalías especializadas en delitos informáticos del Perú acumulan 785 sentencias condenatorias contra personas vinculadas a diversas modalidades de ciberdelincuencia. El fraude informático es el delito de este tipo con mayor número de denuncias en el país, según precisó el Ministerio Público.
En ese escenario, la cooperación con plataformas digitales como TikTok, Roblox y Meta resulta clave para el desarrollo de las investigaciones. Muchos de estos casos comienzan sin que se haya identificado a los responsables, y acceder a la información que conservan los proveedores de servicios digitales puede ser determinante para esclarecer los hechos, explicó a Andina Aurora Castillo, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia.
La funcionaria precisó que estos procedimientos se ejecutan mediante los mecanismos legales y de cooperación internacional correspondientes. Esto es fundamental porque gran parte de los proveedores de servicios digitales se encuentra fuera del país. Empresas como Meta, TikTok y Roblox pueden preservar información relevante y, posteriormente, entregarla a las autoridades cuando se cumplen los procedimientos legales establecidos.
Retos pendientes para la Fiscalía
A pesar de las múltiples sentencias obtenidas, la Fiscalía enfrenta retos debido al uso de criptomonedas y a la limitada cobertura de las fiscalías en el país. Se requieren mecanismos más ágiles para abordar estos delitos.
El grueso de las 785 condenas obtenidas por las fiscalías especializadas corresponde a fraude informático, aunque también hay sentencias por suplantación de identidad, propuestas sexuales dirigidas a menores y otros ilícitos cometidos en entornos digitales. Antes de que esa información pueda emplearse como evidencia en un proceso penal, las autoridades piden la preservación de los datos para impedir que sean borrados mientras continúan las diligencias para identificar a los presuntos responsables.
El Ministerio Público reconoce que las pesquisas se complican cuando las organizaciones criminales usan criptomonedas para ocultar el origen y el destino del dinero. A eso se suma que las fiscalías especializadas solo existen en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, lo que restringe la cobertura a nivel nacional. Por ello, la institución plantea incorporar al sistema procesal peruano los mecanismos del Convenio de Budapest, con miras a reaccionar con mayor celeridad frente a la dinámica de los delitos informáticos y resguardar oportunamente la evidencia digital.
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