El Poder Ejecutivo evaluó un borrador de proyecto de ley que busca optimizar los regímenes y procedimientos aduaneros, así como las plataformas, mecanismos de interoperabilidad, control y gestión de riesgos. Aunque todavía no se precisan las modificaciones concretas, una de las medidas que se incorporarían está vinculada al trabajo forzoso, en línea con las nuevas exigencias comerciales de Estados Unidos, según adelantó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia.
“Es un tema muy sensible que debe negociarse al más alto nivel. Se solicitarán facultades para incluir una norma destinada a prohibir directamente la compra de productos fruto del trabajo forzoso; este aspecto irá en el paquete”, indicó Valencia.
La medida responde a que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso un arancel adicional del 12.5% a determinados productos peruanos, al considerar que el país no tenía restricciones efectivas a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
Para Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y ex viceministro de comercio exterior, uno de los puntos que debería mejorarse es la gestión aduanera basada en riesgos reales, es decir, la manera en la que se identifica las operaciones que requieren de fiscalización. El especialista consideró que el control debe concentrarse en las operaciones de alto riesgo, agilizando el despacho de aquellas empresas con buen historial.
“Habría que buscar que la concentración de las operaciones de alto riesgo te permita agilizar el despacho de todos aquellos que son buenos operadores. Si tienes un buen perfil, no has tenido problemas y pagas tus tributos a tiempo, se te debería generar un buen historial de cumplimiento y permitir una facilitación para que puedas mover tu carga de importación o exportación de la manera más rápida posible”, comentó a Gestión.
Más allá de las medidas relacionadas al trabajo forzoso, el pedido de facultades abre la posibilidad de revisar distintos procedimientos que forman parte de las operaciones de comercio exterior.
La certificación del Operador Económico Autorizado (OEA) debería convertirse en un estándar y estar acompañada de beneficios concretos, como menos inspecciones, mayor rapidez y atención prioritaria. Así lo señaló el especialista al referirse al enfoque asociado a este régimen, que forma parte de la propuesta de cambio aduanero. En tanto, Paola de La Cruz, abogada asociada de DLA Piper, puso el foco en el procedimiento especial de control del valor, un punto específico que, a su juicio, debe optimizarse dentro del marco de gestión de riesgos. “Creería que un aspecto relevante que podría ser incorporado es el de los procedimientos de control cuando se hace un levante de mercadería. Hay un procedimiento especial de control del valor que ha sido implementado recientemente y que finalmente puede ser una barrera financiera para el importador en algunos casos. Entonces, puede ser mejorado con este nuevo cambio”, refirió. Otro de los temas pendientes es la interoperabilidad entre las distintas entidades que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Dependiendo del tipo de mercancía, instituciones como Digesa, Senasa, Indecopi o Sucamec pueden intervenir antes del levantamiento de la carga. Si bien existe una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) desde 2010, esta no tuvo un mayor avance en los últimos años y se evidencia una falta de verdadera interoperabilidad entre las entidades del Estado. Las empresas reportan la información de sus productos de exportación a través de la VUCE, pero esa data termina siendo solicitada nuevamente por otra entidad, y hay procesos en los que funcionarios deben realizar revisiones manuales que podrían automatizarse. “Creo que se estancó. La idea era que fuera 100% interoperable y que ya no tuvieran que hacer nada físico ni con autorizaciones que se demoran. Pero a veces la ventanilla única todavía depende de mucho trabajo manual en el backoffice cuando deberían ser sistemas interconectados y prácticamente automáticos”, indicó.La optimización de la ventanilla única, coincidió la abogada asociada de DLA Piper, resulta clave para impulsar la digitalización de los procesos vinculados al comercio exterior y aduanas. “Definitivamente sirve para que se mejoren los procedimientos electrónicos que se han venido incorporando a nivel de tributos internos. También lo propio se busca también hacer en aduanas, que es básicamente digitalizar todos los procedimientos, los documentos vinculados a la exportación y a la importación como el bill of landing y demás”, señaló.
La revisión del marco normativo, según el representante de la CCL, no debería limitarse a crear nuevos mecanismos digitales, sino que también podría pasar por eliminar requisitos que se podrían considerar innecesarios y pasos que no agregan valor a las operaciones. En ese sentido, indicó que actualmente se tienen procedimientos que podrían recortarse debido a su antigüedad y otros que no tendría sentido hacerlos antes de que llegue un producto, cuando se pueden controlar cuando ya están en el mercado. “El objetivo de la ventanilla única no era solo digitalizar los procedimientos, sino era eliminar todos aquellos trámites y procedimientos que eran innecesarios a esa fecha. Ahora, durante muchos años se van creando nuevos procedimientos y requisitos”, refirió.
En cuanto a los costos logísticos, la iniciativa menciona como objetivo la reducción de costos para impulsar las exportaciones, lo que según Posada estaría relacionado con la competitividad logística. Mencionó el caso del Puerto de Chancay y consideró que su carácter privado y automatizado debería permitirle competir en costos con las concesiones del Callao. Sin embargo, aclaró que no se trata de que el Estado establezca los precios de los servicios portuarios, “sino de generar transparencia en los cobros para que el usuario escoja claramente qué servicio quiere adquirir”.
La especialista indicó que, tras la aprobación del proyecto del Ejecutivo, se contemplan alrededor de 120 días para la promulgación de las normas, a los que normalmente se suman entre 60 y 90 días adicionales para la emisión de las normas reglamentarias. De esta manera, calculó que un próximo cambio en la normativa de comercio exterior podría tardar aproximadamente 6 meses en aplicarse. Además, De La Cruz señaló que dentro de las posibles medidas también podrían considerarse beneficios adicionales para incentivar el uso de puertos que actualmente no están siendo utilizados.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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