La denuncia contra el parlamentario de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por la presunta agresión a su expareja también llegó al Congreso. Su colega Christian Aranda, de Renovación Popular (RP), lo denunció ante la Comisión de Ética, aunque la queja recién podrá ser evaluada cuando el grupo de trabajo sea instalado.

El pedido de Aranda es que el legislador por Cusco sea suspendido por 120 días al considerar que cometió una “grave infracción a la ética parlamentaria”. Le atribuye dos faltas: “irrupción, acoso y violencia psicológica” y una “agresión física flagrante en sede policial”, ambas contra su expareja, residente en el distrito de San Miguel.

El hecho ocurrió cuatro días después de que Pérez Mallqui jurara como congresista, y ya es investigado por la Fiscalía Suprema de Familia, a cargo del fiscal supremo Luis Arce. Según el recurso presentado por el diputado de RP, el congresista “acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora (…) y, desde las 5:58 a.m., ejecutó un hostigamiento telefónico constante”.

“Al no recibir respuesta, ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima). De acuerdo a los registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada, el legislador irrumpió en su habitación, profirió expresiones ofensivas y realizó ademanes de agresión física, motivando que la víctima solicitara auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo”, añade la denuncia.

La acusación parlamentaria también detalla lo ocurrido en la comisaría de San Miguel, adonde ambos fueron llevados tras el primer incidente. “Según el parte oficial y el testimonio de la agraviada, el denunciado propinó manotazos, un fuerte jalón de brazo y una zancadilla a la víctima, amenazándola con la frase: ‘te vas a arrepentir de lo que estás haciendo’. Sobre el particular, el médico legista y el comisario constataron las marcas en los brazos de la agraviada”, señala el documento. Ante la flagrancia, el legislador de JP “se negó a firmar el acta respectiva y alegó, mediante su defensa, supuestas irregularidades”.

En tanto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, reveló ayer en RPP que la denunciante y su familia reciben apoyo psicológico desde el 30 de julio. “Estamos dando soporte desde el primer día, desde el 30 de julio, a ella y su familia. Somos parte de la asesoría que está pidiendo protección judicial”, sostuvo. Además, precisó que, aunque “le impusieron una restricción al diputado para que no se acerque (a la denunciante), no han dicho aún por cuantos metros (es el distanciamiento)”.

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