La Tercera Sala Constitucional de Lima desestimó la apelación presentada a favor de Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, y confirmó la resolución que declaró improcedente una medida cautelar. Con este fallo, el proceso que Sánchez afronta por presunto falseamiento de información sobre aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuará su trámite.

El recurso buscaba dejar sin efecto, de manera provisional, la acusación fiscal y la diligencia de control de acusación programada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima para el 27 de mayo. La solicitud fue presentada por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra mientras se resolvía el proceso principal.

Al analizar la apelación, los magistrados concluyeron que el pedido carecía de sustento en el marco legal aplicable al proceso de hábeas corpus. En su resolución, precisaron que “en el caso concreto, la parte apelante pretende que este órgano jurisdiccional realice un control sobre actos fiscales mediante una medida cautelar que, por mandato legal expreso del artículo 18° del Código Procesal Constitucional, no se encuentra prevista para el proceso de hábeas corpus”.

La sala también señaló que la legislación no contempla la posibilidad de conceder la medida solicitada en este tipo de procesos. Por ello, indicaron que “al no existir un marco normativo que habilite la vía cautelar solicitada, el pedido cautelar debe ser desestimado, careciendo de objeto efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales para la concesión de la medida cautelar solicitada”. De esta manera, la defensa de Sánchez no logró frenar el avance del caso.

La sala confirmó la resolución apelada y mantuvo la improcedencia de la solicitud presentada en favor de Roberto Sánchez, al considerar que no corresponde activar una medida cautelar dentro de un proceso constitucional cuando la norma no prevé ese mecanismo. Así quedó ratificado el fallo del tribunal.

En paralelo, el exaspirante presidencial intentó retrotraer el proceso penal mediante un recurso de nulidad, con el que buscaba que el caso regresara a la etapa de control de acusación. Alegó un presunto vicio procesal atribuido al juez Adolfo Farfán, titular del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, pero ese recurso también fue rechazado por el Poder Judicial.

De esta manera, el proceso penal contra Sánchez continúa conforme a las etapas previstas por la legislación vigente. Cabe recordar que el exministro es investigado por los presuntos delitos de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, además de falsa declaración en procedimientos administrativos. En este caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

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