La tarde del 8 de julio, cuando Camila, estudiante de gastronomía de 23 años, llegaba a la vivienda que alquilaba en Ate, cuatro suboficiales de la Policía Nacional la interceptaron. Según la denuncia, los agentes aseguraron que realizaban una intervención por una presunta venta de drogas y la obligaron a subir a un vehículo. Lo que debía ser el regreso a casa terminó en un presunto secuestro cometido por quienes debían protegerla.
La joven relató que los efectivos la retuvieron durante varias horas y, bajo amenazas y agresiones, la obligaron a entregar dinero en efectivo y las claves de sus cuentas bancarias. Videos entregados a la Fiscalía registran a la estudiante pidiendo ayuda desde el interior del automóvil, mientras los policías explicaban a quienes se acercaban que se trataba de un operativo antidrogas.
Después, según el testimonio, la condujeron hasta el inmueble donde vivía. Allí también estaba su pareja, quien, al no comprender lo que sucedía, intentó escapar por una ventana, pero fue retenida. Ambas fueron fotografiadas y grabadas junto a los objetos incautados durante la intervención.
GOLPES, AMENAZAS Y RETIRO DE DINERO
Dentro del departamento, la situación se volvió más grave, de acuerdo con el relato de Camila. La estudiante afirmó que los policías comenzaron a exigirle dinero y la clave de su aplicación bancaria. “Me piden a golpes, a cachetadas, me apuntan con el arma en el abdomen derecho. Me piden la clave del aplicativo bancario”, declaró la agraviada.
Pese a las pruebas presentadas, los efectivos investigados continuarán el proceso en libertad.
La denuncia presentada por Camila en la Depincri de Ate-Santa Anita permitió identificar a los presuntos implicados: los suboficiales de inteligencia Denilson Vega Deza, Jans Santiago Tarazona, Jorge Pareja Espinoza y Yober Rodríguez Quispe. Los agentes fueron intervenidos por la propia institución, pero el juez Elmer Paulino Basilio dispuso que afronten la investigación con comparecencia con restricciones, al considerar que el requerimiento de prisión preventiva no detallaba de manera concreta la imputación individual contra cada investigado.
Según la versión de la estudiante, los agentes descubrieron que tenía cerca de 20 mil soles en sus cuentas y cambiaron de objetivo. Le ordenaron llamar a un amigo para que retirara el dinero y lo entregara en efectivo. La entrega se realizó en el mercado Plaza Josfel: un amigo llevó aproximadamente 19 mil soles ocultos en una prenda y recién después de recibir ese dinero las dos mujeres recuperaron su libertad. La joven también denunció el robo de unos 25 mil soles en efectivo que correspondían a ahorros familiares.
La defensa de Camila entregó registros bancarios que muestran consumos que ella nunca autorizó, entre ellos pagos con tarjeta, compras por internet, cancelación de recibos de servicios y recargas telefónicas efectuadas mientras permanecía retenida. Durante las diligencias, los efectivos señalaron que el operativo habría sido dirigido por los suboficiales Roberto Yanac Rojas y Roger Chacón Delgado, aunque ambos no fueron incluidos en la investigación fiscal, según la información difundida.
Mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones, el director de Inspectoría de la PNP, general Augusto Ríos, remarcó que no se trató de una intervención regular y que fue la propia institución la que actuó al conocer lo ocurrido. Con el proceso judicial en marcha, la joven aseguró que ella y su pareja viven con temor por lo sucedido y esperan que las pruebas reunidas permitan esclarecer el caso. “Tenemos mucho miedo, temor, no estamos bien. Mi compañera tiene pánico. Queremos que se haga justicia”, expresó.
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