El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, fue tajante al referirse al rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana: no deben dirigir la lucha contra la criminalidad. Según el exoficial, esa responsabilidad debe permanecer bajo el liderazgo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo militar únicamente en operaciones específicas.
En esa línea, Colchado recordó que tanto las operaciones contra el terrorismo en el Alto Huallaga como los recientes golpes a organizaciones vinculadas a la minería ilegal fueron liderados por la Policía Nacional con respaldo de las Fuerzas Armadas. “A través de la experiencia que hemos tenido por años de trabajar contra el terrorismo y tráfico de drogas, las FF.AA. no deberían dirigir la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un tema de investigación policial”, manifestó a la prensa.
El legislador sostuvo que, por la experiencia acumulada en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, la investigación criminal debe continuar siendo una función de la PNP. No obstante, adelantó que esperará conocer el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas en materia de seguridad antes de fijar una posición definitiva sobre la propuesta.
El legislador también cuestionó la gestión del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al señalar que, a su juicio, no se han obtenido resultados suficientes frente al avance de la delincuencia y planteó su relevo. En esa línea, puso en duda que la reducción de homicidios refleje una mejora real de la seguridad ciudadana, al sostener que muchas víctimas de extorsión optan por no denunciar debido al temor a represalias.
Colchado se pronunció sobre la propuesta de incorporar militares en el transporte público y en establecimientos penitenciarios, al considerar que estas medidas no representan una solución estructural frente a la inseguridad. Según indicó, el Estado debería priorizar el fortalecimiento de la inteligencia policial, la investigación criminal, la adquisición de tecnología y el financiamiento de las unidades especializadas dedicadas a combatir la extorsión y las organizaciones criminales.
En ese sentido, sostuvo que ese esquema de cooperación entre ambas instituciones debería mantenerse en la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Finalmente, afirmó que el principal problema no radica en la falta de presupuesto, sino en la gestión de los recursos destinados a la seguridad, e instó al Ministerio del Interior a fortalecer las áreas de inteligencia, investigación criminal y equipamiento tecnológico de la Policía Nacional antes de ampliar el rol operativo de las Fuerzas Armadas.
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