La medida del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana ya está en marcha: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) saldrán a las calles y también patrullarán el sistema de transporte público. El anuncio se produjo el domingo por la noche, a través de una transmisión en su cuenta personal de Facebook, y se da en un contexto marcado por la violencia: ayer por la mañana, la empresa Translima suspendió sus operaciones luego de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses.
La decisión, sin embargo, no es nueva. Antes de recibir la banda presidencial, el 12 de julio, Fujimori ya había adelantado en una entrevista con la revista Semana de Colombia que las FF.AA. y la Policía participarían en rastrillajes para buscar proactivamente a los delincuentes. “Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú”, afirmó en esa ocasión, mostrando su confianza en que los indicadores de inseguridad podrían mejorar rápidamente.
Ya como presidenta, en su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, precisó que durante los estados de emergencia las FF.AA. asumirían temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Y el domingo fue más específica: “En los próximos días, pues las FF.AA. estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, indicó.
Ante este panorama, Correo consultó con expertos en la materia para conocer su opinión sobre la medida y si tendría o no un real impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
LA MEDIDA
El exministro del Interior Mariano Gonzáles se mostró a favor de la decisión del Ejecutivo de desplegar militares en las calles y consideró que el anuncio de la presidenta Dina Boluarte debe implementarse de manera legal. “Yo estoy a favor de esa variación porque si se trata de un problema de seguridad nacional, el Estado debe defenderse con todas sus herramientas”, señaló, aunque aclaró que se trata de una opinión personal.
Para Gonzáles, la estrategia forma parte del plan de la administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población, pero advirtió que se requiere un cambio en el enfoque que se ha tenido hasta el momento. “El problema es que la inseguridad ciudadana ha pasado a ser un problema de seguridad nacional”, indicó. Desde su punto de vista, si bien la Policía y las FF.AA. tienen un rol constitucional muy diferenciado, cuando el sistema está en riesgo se debe variar ese enfoque, un tema que podría abordarse en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Finalmente, el exministro mencionó que será necesario ejecutar un plan que incluya el monitoreo y una evaluación para evidenciar logros a corto plazo. “La inseguridad es un problema estructural, pero si se puede tener resultados en corto plazo. Se requiere de un sistema e Inteligencia”, agregó.
OPUESTO
En la vereda contraria se ubica el también exministro del Interior Ruben Vargas, quien recordó que en los últimos cinco años los gobiernos de turno utilizaron las declaratorias de emergencia como una “varita mágica” que iba a resolver el problema de criminalidad.
Para Vargas, el anuncio del Gobierno evidencia que “no están entendiendo la naturaleza del desborde criminal”. En esa línea, el exministro sostuvo que “ojalá fuera así de fácil”, pero reemplazar el estado de emergencia por “las Fuerzas Armadas en las calles” es solo cambiarle el nombre a la “varita mágica” que ya fracasó.
El extitular del Interior recordó que la criminalidad opera en al menos tres niveles: el robo callejero, las estructuras que extorsionan y contratan sicarios, y las economías ilegales como el oro ilegal, la cocaína y el contrabando. Frente a ese escenario, advirtió que “se están desperdiciando recursos porque no entienden la naturaleza del problema”.
“Se usó como si fuera el antídoto mágico, pero después de todos estos años, vemos que es un absoluto fracaso porque se confundió estado de emergencia con estrategias para enfrentar al desborde criminal”, indicó, y cuestionó si los militares también estarán en peluquerías, bodegas, chifas, farmacias y todos los negocios que sufren extorsiones, así como en todo tipo de transporte público.
Vargas señaló que “para enfrentar este desborde criminal se necesitan estrategias integrales e involucran a todas las capacidades del Estado, especialmente a la Policía Nacional y para que esta última cumpla su rol constitucional, tiene que hacerse una reforma profunda”. Añadió que se requieren equipos contra el crimen con presupuesto, Inteligencia electrónica y urbana, y no militares en las calles.
“La lucha contra el crimen se da a partir de Inteligencia humana y tecnología, eso solo lo puede hacer una Policía honesta. Necesitamos extirpar a la corrupcion de la Policia en paralelo a la formación de los equipos que nos permitan enfrentar alas extorsiones”, apuntó.
La suspensión del servicio en las rutas que cubre Translima se mantiene por ahora, luego de que ayer se registrara el caso más reciente de extorsión contra la empresa. En el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en San Martín de Porres, delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra uno de sus buses y grabaron el momento, con la firma de la organización criminal “Centauro”. El video fue difundido por WhatsApp a los números de choferes y cobradores.
Según representantes de la compañía, su flota de 60 buses paga cupos diarios de 55 soles por vehículo a cuatro agrupaciones delictivas: “Centauro”, “El Tren de Aragua”, “Los Norteños” y “Los Papis”. Pero existirían dos nuevas bandas que buscan cobrar cupos: una exigió una cuota de inscripción de 30 mil soles más un pago diario de 20 soles por vehículo, mientras que una quinta pidió 50 mil soles por inscripción y una cuota diaria de 15 soles por vehículo.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta