Ante el Congreso de la República, la presidenta anunció un ambicioso plan de infraestructura: “Quisiera destacar algunas de nuestras metas que incluyen la ejecución de grandes proyectos viales: En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca”.

Sin embargo, la factibilidad de esa promesa genera dudas. La debilitada situación de las finanzas públicas del país, explicada por un mayor gasto corriente (como mayores remuneraciones), plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para asumir esos compromisos financieros. La brecha de infraestructura nacional, ciertamente, amerita anuncios de esta magnitud, pero el contexto fiscal complica el panorama.

Costo y finanzas del Perú

Según ProInversión, solo las cuatro líneas del Metro de Lima y Callao sin mayores avances mencionadas por la mandataria implicarían una inversión superior a los US$ 20,600 millones. Mientras algunas se hallan en fase de formulación dentro de la cartera de proyectos de la entidad, otras recién están en etapas de “planeación”.

Daniel Velandia, managing director de research y economista jefe de Credicorp Capital, y Mario Guerrero, gerente de estrategia de inversiones de Wealth Management de Scotiabank Perú, coinciden en que, preliminarmente, estas obras no serían financiadas en un 100% por el Estado, lo que descartaría un golpe severo de endeudamiento. No obstante, advierten que persisten retos no menores sobre las finanzas públicas de cara a que la ejecución de los proyectos se concrete en este quinquenio gubernamental.

Velandia advirtió que las cuentas fiscales que recibirá el nuevo Gobierno enfrentan “presiones de carácter estructural por la aprobación de una serie de medidas populistas que, de implementarse todas, podrían implicar un impacto superior a tres puntos del PBI en los próximos años”. En ese sentido, recomendó que, “como una muy buena práctica”, la administración de Fujimori lleve “algunas de estas normas al Tribunal Constitucional [para declarar su inconstitucionalidad]”.

Pese a ese riesgo, el economista de Credicorp Capital reconoció que la gestión entrante recibe las finanzas del país con un escenario mixto. Por un lado, destacó que el Gobierno va a apalancarse de las expectativas de los altos precios de los metales para los siguientes años a fin de emprender un crecimiento importante de la inversión pública. De hecho, ese “boom” en las cotizaciones ya contribuyó a reducir el déficit fiscal a 1.3% del PBI en junio. Por otro lado, advirtió que las cuentas están en una “coyuntura positiva, pero que podría ser muy temporal”, pues las presiones de gasto y de menores ingresos son crecientes a mediano plazo. “Hay que abordarlas de manera significativa para evitar que haya un deterioro importante de las finanzas públicas durante la próxima década”, comentó.

En tanto, Guerrero analizó que “muchas de estas obras, en realidad, ya están en el pipeline y no necesariamente corresponden a ser ejecutadas por el Gobierno, sino que existen mecanismos como las Asociaciones Públicos Privadas (APP), concesiones [para concretarlas]. En la práctica, buena parte de esa infraestructura es desarrollada por el sector privado. La participación del erario público sería mucho menor”.

Por delante, el Ejecutivo también tiene que enfocarse en abordar decenas de iniciativas que contemplan un incremento del gasto público.

Velandia, alineado con el impacto positivo previsto, consideró que “se está yendo en el camino correcto de ejecutar obras de infraestructura relevantes que puedan elevar el crecimiento potencial de la economía peruana, en medida que se logre un mayor crecimiento económico y, por el otro, se ataje iniciativas populistas de gasto”. No obstante, advirtió que solo el hecho de diseñar estos proyectos con el requerimiento de capitales privados no es la panacea a un eventual deterioro de las finanzas públicas, pues el gran pendiente para atraer a más inversionistas es la desregulación normativa. En esa línea, Fujimori se comprometió en su mensaje a impulsar “un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”, y añadió que “los trámites no serán más una pérdida de tiempo”.

Guerrero, por su parte, saludó los anuncios en infraestructura y resaltó que las líneas ferroviarias tienen, principalmente, un componente productivo que elevaría el crecimiento potencial del país. Sostuvo que “lo más importante del anuncio [de las líneas ferroviarias] está en el lanzamiento per se y las convocatorias y licitaciones, que es un aspecto que por temas contractuales ha estado bastante lento últimamente. La señal aquí es el ánimo del impulso”. El especialista incluso sugirió considerar menciones a aeropuertos regionales: “No tienen que ser muy grandes [los proyectos], sino emblemáticos, como el aeropuerto de Huancavelica. Hay iniciativas que podrían encarpetarse”.

Velandia consideró que muchos proyectos tienen que pasar por “muchas entidades para ser aprobadas”, por lo que un primer paso sería impulsar la ventanilla única digital, agrupada entre los anuncios del mensaje presidencial, con lo que se daría celeridad a los trámites en el Estado y también eliminaría los permisos redundantes. “El silencio administrativo positivo debería generalizarse, sobre todo en las grandes obras y las que más impacto tienen sobre la economía”, agregó. Además, señaló que el Perú podría “de entrada” añadir entre 0.5 y 1 punto porcentual (pp) de crecimiento en el futuro si logra resolver la sobrerregulación que hay sobre la economía.

Observan que la sobrerregulación frena el crecimiento económico en Perú. (Imagen: Andina)

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