Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pollo y papa a la huancaína. Para tomar pidió una jarra con agüita de cebada. “María, terrible el bombazo que delincuentes extranjeros detonaron en la casa de los papás de la cantante Thamara Gómez, en Sullana. La explosión no causó víctimas, pero sumió en la angustia a los familiares de la artista. La organización criminal que se hace llamar ‘La NG’ le exige el pago de 50 mil soles de cupo, caso contrario atentará contra la vida de ella y sus familiares. Ya es hora de parar esto.

Las bandas se meten con artistas populares que no son millonarios y trabajan para vivir y darle comodidades a su familia. Por eso muchos peruanos se están yendo del país, pues los hampones están extorsionando a todos los negocios y ocupaciones, desde bodeguitas, clínicas, farmacias y empresas de transportes, a taxistas, albañiles y vendedores ambulantes.

Hay que reafirmar el principio de autoridad y darle con todo al hampa. Que los delincuentes vuelvan a temer a la Policía y los jueces. Para empezar, enviarlos a prisiones en la puna, en una isla o en medio de la selva, donde no llegue el Internet ni reciban visitas.

El domingo, ‘Panorama’ exhibió videos que muestran la realidad del penal Castro Castro, calificado de ‘máxima seguridad’ pese a que los presos gozan de televisores, celulares, licor y buena comida; incluso se supo que organizaban fiestas chicha. La presidenta Keiko Fujimori debería dejar de lado su ropa o maquillaje y enfrentar este problema sin cesar, declarando al INPE en reorganización para botar a los elementos podridos y lograr que las cárceles vuelvan a ser espacios donde los criminales paguen sus culpas. También urge una purga en la Policía, pues ayer se vieron imágenes del juicio por remoto a un hampón donde un agente le pasa un celular escondido en un libro; el juez lo nota, pero el efectivo lo niega con la mano. “A ese nivel hemos llegado: policías trabajando para las mafias y asesinos. Me voy, cuídense...”, concluye el columnista. La corrupción alcanza a quienes deberían custodiar el orden, y la mandataria debe actuar con firmeza para erradicar estas lacras criminales del sistema penitenciario y policial.

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