El juez Juan Gustavo Varillas Solano continúa al frente del Séptimo Juzgado Civil sub especializada de Derecho Comercial de Lima pese a que, desde octubre de 2024, pesa sobre él un pedido de destitución formulado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En ese despacho, el magistrado sigue resolviendo complejos conflictos empresariales que involucran varios millones de dólares.
La propuesta de destitución fue presentada el 17 de octubre de 2024 por la Unidad de Sanción y Apelación ante el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, con el fin de que este remita el caso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, a casi dos años de ese pedido, el expediente todavía permanece en tránsito entre la burocracia de la ANC-PJ y la JNJ.
La Autoridad de Control fue creada, en teoría, para agilizar el trabajo que antes realizaba la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). No obstante, en la práctica, los amiguismos o "hermanitos" dentro de la administración de justicia terminan pesando más que la celeridad procesal.
Propuesta de Destitución de la Autoridad Nacional de Control PJ
Primera suspensión
Este no es el único antecedente disciplinario de Varillas Solano. Por el mismo caso que originó el pedido de destitución, el magistrado ya fue suspendido por un año en el ejercicio de sus funciones. La medida se dictó mediante la Resolución N° 001 del 7 de marzo de 2024, firmada por el juez superior titular de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, David Fernando Correa Castro, quien le impuso seis meses de suspensión a partir del 10 de marzo de 2024. Luego, la sanción se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025.
Pese a que en ese momento ya existía un pedido de destitución en su contra, Varillas Solano fue reincorporado al Séptimo Juzgado Civil de Derecho Comercial al cumplirse la sanción. Esta situación ya es habitual en el juez de las medidas cautelares extremas: lo suspenden por un año, esperan a que la opinión pública olvide sus tropelías y, después, regresa a su despacho para continuar con su práctica de siempre, la misma que todos conocen y observan sin decir nada.
El magistrado, titular del Séptimo Juzgado Comercial de Lima, acumula además dos suspensiones en la magistratura: una entre 2016-2017 y otra en el periodo 2024-2025. Su manera de operar, marcada por cautelares irregulares y contra cautelas irrisorias, se mantiene intacta desde 2016 hasta la actualidad, según el pedido de destitución de la Autoridad de Control de octubre del 2024.
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Segunda suspensión
La suspensión que Varillas Solano afrontó entre marzo de 2016 y mayo de 2017 tuvo su origen en una denuncia de la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna. Se le atribuyó haber otorgado una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital. El procedimiento disciplinario, impulsado por la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), debió cerrar con un pedido de destitución ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, pero ese expediente nunca volvió a aparecer. "No se ha perdido, está traspapelado en alguna oficina", sostienen las fuentes oficiales.
La resolución de suspensión argumentó "que en la resolución que otorgó la medida cautelar al Consorcio Salud Tacna se observa una motivación aparente, puesto que no habría realizado un análisis suficiente de los elementos que se deben acreditar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar)". Además, "señala que no es razonable que el juez denunciado haya aceptado el monto irrisorio de la caución juratoria pues sería insuficiente para reparar los daños que la ejecución de la cautelar produce al Estado".
Investigación en la JNJ
La investigación disciplinaria más reciente contra Varillas arrancó en junio de 2023, cuando la entonces instructora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Zavala Valladares, tomó conocimiento por denuncias públicas de su accionar en el Séptimo Juzgado Civil-Comercial. Ese caso, con el cambio de Colegiado en la Junta, permanece encarpetado: el actual colegiado ha preferido los casos políticos contra jueces y fiscales, antes que el combate a la real corrupción judicial.
Según fuentes judiciales, la Unidad de Sanciones pide la destitución de Varillas por las medidas cautelares que emitió de manera célere en los casos de Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y por sus vínculos con el prófugo juez César Hinostroza, situaciones que denotaban un presunto tráfico de influencias.
Varillas enfrenta, además, un proceso por presunta corrupción con embargo cautelar de sus bienes para garantizar el pago de una reparación civil al Estado, y otro por cohecho, en paralelo a los procesos judiciales en trámite. En este último se le atribuye presunta complicidad con el destituido Juan Ulises Salazar Laynes, exjuez del Décimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso Oncoserv. Salazar Laynes habría solicitado hasta 30 mil dólares por resolución cautelar.
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