El Segundo Juzgado Unipersonal de La Libertad halló responsable al empresario y excandidato presidencial César Acuña del delito de violación a la libertad de trabajo, en la modalidad de incumplimiento de resoluciones judiciales, y le impuso una condena de un año y seis meses de prisión suspendida.
La jueza Katherine Dora Granda Fernández determinó que el exgobernador actuó con conducta dolosa al omitir el pago de derechos laborales a la sucesión procesal de una docente, pese a los mandatos emitidos en la vía contencioso-administrativa laboral. Por ello, la resolución establece una reparación económica superior al monto inicialmente reclamado en sede administrativa.
Como parte de las reglas de conducta de cumplimiento obligatorio, el sentenciado deberá presentarse mensualmente ante la Oficina de Control para registrar sus actividades y justificar sus desplazamientos dentro del territorio nacional. El fallo ordena, además, el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes y advierte que, de no acatar lo dispuesto, podría revocarse la medida coercitiva.
El Poder Judicial condenó a César Acuña, excandidato presidencial, a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo
— Canal N (@canalN_) August 3, 2026
Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/vlAj660YDg
La condena contra César Acuña se sustenta en el incumplimiento de una orden judicial que disponía el pago de los beneficios por preparación de clases y evaluación a favor de la docente Flor de María Saldaña Plasencia. Tras el fallecimiento de la maestra, su hijo Luis Alejandro Novoa Saldaña asumió la representación del proceso como sucesor procesal, condición que le fue reconocida en 2019. El Poder Judicial ordenó el pago de los devengados e intereses legales determinados en el peritaje oficial realizado en mayo de 2022.
La defensa técnica alegó supuestos vicios en la notificación de las cédulas entregadas en la sede regional, pero el tribunal desestimó esos argumentos. La judicatura confirmó la validez de la notificación realizada el 31 de mayo de 2023 en el local institucional ubicado en la calle Los Brillantes 650, urbanización Santa Inés. La magistrada sostuvo que el acusado tenía pleno conocimiento del requerimiento judicial debido a su condición de titular del pliego y representante legal del gobierno regional.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta