Un mes cumplen hoy los transportistas de la empresa Translima sin brindar servicio al público, según denunciaron familiares de los trabajadores al Rotafono de RPP. La medida responde al asedio permanente de al menos seis bandas criminales dedicadas a la extorsión, que han convertido el recorrido entre Carabayllo y el Campo de Marte, en Jesús María, en una ruta de alto riesgo para conductores y propietarios.
Los choferes enfrentan la presión de estas agrupaciones delictivas, que les exigen el pago de 60 soles diarios por cada unidad para permitirles circular. Los extorsionadores emplean motocicletas para realizar un seguimiento minucioso de los buses, logran identificar las placas de rodaje y luego envían mensajes intimidantes directamente a los teléfonos personales de los conductores y dueños de los vehículos.
La situación se ha tornado crítica tras registrarse ataques directos contra las unidades de transporte que ya se han cobrado la vida de al menos un conductor de la empresa. En un incidente reciente ocurrido en el distrito de San Martín de Porres, un extorsionador lanzó un artefacto explosivo contra uno de los buses y posteriormente grabó el atentado. Ese material audiovisual fue difundido entre los mismos trabajadores con el objetivo de generar terror y forzar el cumplimiento de los pagos ilegales exigidos por las mafias.
Ante las crecientes amenazas de muerte y la falta de garantías de seguridad en las vías, los conductores y propietarios han decidido salvaguardar sus vidas y detener la operación de las unidades. Esta paralización forzada no solo afecta el servicio de transporte, sino también el sustento económico de decenas de familias, que además viven en una situación constante de pánico.
La esposa de uno de los conductores exigió una intervención urgente y efectiva de parte del Gobierno para asegurar la seguridad de los transportistas y pasajeros.
El ataque contra el conductor de Translima en Carabayllo, que terminó con su fallecimiento, se suma a una serie de casos que evidencian la ola de extorsiones que golpea al transporte público. Los familiares de los trabajadores de esta empresa denuncian que llevan un mes sin laborar debido a las constantes amenazas de extorsionadores, una situación que los mantiene en vilo y sin ingresos. Precisamente, en ese contexto de violencia e inseguridad, se produjo el ataque mortal al chofer, quien fue blanco de presuntos criminales dedicados a este ilícito. El hecho ha generado conmoción en el distrito y ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de medidas más drásticas para proteger a quienes operan las rutas de transporte. Mientras tanto, los conductores y sus familias permanecen a la espera de una respuesta concreta de las autoridades, pues temen que la violencia continúe cobrando más víctimas si no se actúa con firmeza contra estas organizaciones delictivas que siembran el terror en Lima Norte.
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