Este martes 4 de agosto, cinco lideresas indígenas amazónicas se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C. para denunciar el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres defensoras de territorios indígenas, una situación que atribuyen al avance de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala y el tráfico de tierras en sus comunidades.
La audiencia, bautizada como Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales, está programada para las 2.00 p. m. (1.00 p. m. en Perú) en el marco del 196° Periodo de Sesiones de la CIDH. Este encuentro marcará un hito: será la primera vez que el Estado peruano participe ante el organismo interamericano bajo el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
La delegación que expondrá los riesgos que enfrentan las defensoras estará integrada por Teresita Antazu López, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian Shawit, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi Ismiño, del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA); Olivia Bisa Tirko, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valera Silva, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (ORGI).
Las representantes amazónicas buscarán visibilizar ante la CIDH los peligros que enfrentan por la expansión de estas actividades ilícitas en sus territorios, en un contexto de creciente presión sobre las tierras indígenas en el país.
La audiencia ante la CIDH fue solicitada por un grupo de organizaciones como AIDESEP, la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, la Fundación Pachamama, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Forest Peoples Programme y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que pedirán al organismo recomendar al Estado peruano reforzar la protección de las defensoras indígenas. Entre sus demandas están garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural y de género, reconocer la criminalización como factor de riesgo, respetar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y adoptar medidas frente a las economías ilegales que afectan los territorios.
Durante la cita, las representantes expondrán casos de amenazas, criminalización, violencia, despojo territorial y falta de protección estatal, con énfasis en los impactos diferenciados que sufren las mujeres indígenas que defienden sus comunidades y bosques. "Nosotras defendemos la Amazonía; el Estado aprueba leyes que facilitan su destrucción. Venimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el respeto de nuestros derechos y territorios", señaló Kelly Valera antes de su participación.
Exigen protección y justicia
Las organizaciones que impulsan la medida buscan que la CIDH también reconozca la criminalización como un riesgo y que se adopten acciones concretas contra las actividades ilícitas que ponen en peligro a las lideresas y sus territorios.
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