La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno verificó y ubicó tres sitios de entierro de víctimas de desaparición forzada durante el periodo de violencia 1980-2000. La diligencia se realizó en el centro poblado Paco Pacuni, en el distrito de Limbani, provincia de Sandia, y fue liderada por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla junto con peritos del Equipo Forense Especializado (EFE).

Según las indagaciones, en dichos espacios fueron enterrados cuatro jóvenes que perdieron la vida durante un enfrentamiento armado entre el Ejército y el grupo terrorista MRTA. Los informes del Ministerio Público indican que las víctimas fallecieron a causa de impactos de proyectiles de armas de fuego en un enfrentamiento ocurrido el 9 de junio de 1992 entre miembros del Ejército del Perú e integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Los restos inhumanos corresponden a Alejandrina R. S. (18), Marcelina S. R. (16), Pedro A. M. (18) y Víctor R. T. (26). Como parte del proceso, el Ministerio Público tomó declaraciones a familiares y testigos con el fin de reconstruir el contexto de los hechos y elaborar las fichas antropológicas necesarias.

Tras la identificación de estos puntos estratégicos, la Fiscalía tiene previsto programar la exhumación de los restos óseos. Posteriormente, se realizarán los análisis forenses pertinentes para asegurar la identificación plena de los cuerpos y proceder a la restitución a sus seres queridos.

El hallazgo se produjo en el marco de las diligencias fiscales que se ejecutan en la zona, donde los equipos de antropología forense y la Policía Nacional trabajan en la exhumación de los restos. Según el Ministerio Público, los cuerpos corresponderían a ciudadanos que fueron detenidos y desaparecidos por agentes del Estado durante el conflicto interno que azotó el país en esa época. La información fue confirmada por el fiscal provincial penal de Puno, quien señaló que los trabajos de campo continuarán en los próximos días para determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas de su muerte. Los familiares de los desaparecidos, que durante décadas exigieron justicia, han sido notificados de los avances y esperan que estos hallazgos permitan esclarecer los hechos. La Fiscalía ha dispuesto el levantamiento de los restos óseos y su posterior traslado a la morgue para los exámenes correspondientes. Este caso se suma a las investigaciones que se vienen realizando en otras regiones del sur andino por crímenes similares cometidos en los años noventa, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

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