Con más del 70% de la población ocupada aún fuera del sistema formal, según cifras oficiales, la informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos de la economía peruana. Frente a ese panorama, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, presentó una estrategia que apunta a reducir este problema desde dos frentes: fortalecer a las micro y pequeñas empresas (MYPE) y acercar la discusión sobre formalización a los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral.
En una entrevista con Best TV, el titular del sector señaló que está dispuesto a visitar universidades para conversar con los estudiantes sobre la relevancia de acceder a un empleo formal desde el inicio de su vida profesional. Para Sheput, la formalidad no se limita al cumplimiento de obligaciones administrativas, sino que implica el acceso a derechos como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, seguro de salud y una futura pensión.
El ministro también consideró que la reducción de la informalidad exige impulsar la productividad de las micro y pequeñas empresas y disminuir los costos que frenan su crecimiento. En esa línea, mencionó a la inseguridad ciudadana y las extorsiones como factores que obligan a muchos pequeños negocios a destinar recursos adicionales para proteger sus operaciones, lo que termina afectando su desarrollo y su capacidad de formalizarse.
No obstante, especialistas advierten que la informalidad responde a factores más amplios que el régimen laboral y cuestionan la compatibilidad de algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo, en un debate que sigue abierto sobre qué reformas pueden generar más empleo con protección social sin afectar la competitividad de las pequeñas empresas.
Para el abogado laboralista César Puntriano, el problema de la informalidad no se agota en la legislación. Si bien el país ya cuenta con un régimen especial para las micro y pequeñas empresas que abarata los costos de contratación frente al régimen general, esa ventaja no ha bastado para revertir los índices que superan el 70%. "Ya tenemos un marco laboral menos costoso para las micro y pequeñas empresas (...). Sin embargo, este régimen no ha tenido el éxito esperado y eso lo demuestran los altos índices de informalidad, que están por encima del 70%", señaló a La República.
En esa línea, el especialista sostiene que la formalización exige una mirada más amplia que combine lo tributario, lo administrativo y hasta la seguridad ciudadana. "El problema no es solo laboral (...). Tiene que ir de la mano con otros aspectos: el tema tributario, la operación de Sunafil, las licencias municipales, los trámites y, por supuesto, la seguridad. Todo eso desincentiva la inversión formal", afirmó. Su lectura coincide en parte con el diagnóstico del ministro sobre el peso de la delincuencia en las MYPE, aunque el letrado extiende el foco hacia otros factores que erosionan la competitividad de las empresas.
La propuesta del MTPE, de otro lado, pone especial atención en los jóvenes. Sheput plantea que el Estado debe fomentar una cultura de la formalidad desde el primer empleo, de modo que quienes recién se insertan al mercado laboral entiendan el valor del ahorro previsional y de los beneficios que otorga un trabajo registrado. Así, el debate vuelve a centrarse en cuáles son los obstáculos que siguen frenando el ingreso de más empresas y trabajadores a la formalidad.
Para Puntriano existe una aparente contradicción entre la intención de fortalecer a las MYPE y elevar el salario mínimo en un contexto donde muchas aún enfrentan dificultades para operar. "Por un lado se dice que se va a fortalecer a las MYPE (...) y por otro lado se aumenta el salario mínimo. Eso golpea directamente a la microempresa", sostuvo.
El abogado recordó que el país mantiene alrededor de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, situación que, según señaló, incrementa los riesgos de exclusión y delincuencia. En ese contexto, planteó volver a debatir un régimen laboral juvenil similar al aprobado en 2014, conocido como la Ley Pulpín, aunque acompañado de una mejor estrategia de comunicación y mayores garantías para los trabajadores.
Salario mínimo bajo discusión
Durante la entrevista, Sheput también confirmó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 constituye una meta del Ejecutivo y precisó que su discusión se desarrollará conforme a ley en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).
Puntriano coincide en que el empleo juvenil merece un tratamiento específico, aunque considera que las políticas deberían ir más allá de campañas informativas. Asimismo, sostuvo que cualquier incremento de la remuneración mínima debería sustentarse en criterios objetivos vinculados con la inflación y la productividad, tal como contempla el marco vigente. "No debería ser solamente para que la gente se contente, porque el costo es mayor al beneficio; entonces hay que analizarlo bien", afirmó.
Sin embargo, este anuncio también genera interrogantes respecto a su impacto sobre las empresas de menor tamaño.
En medio del debate por las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, Puntriano advirtió que una reforma laboral debe apuntar a ampliar la formalización sin tocar los derechos de los trabajadores que ya son formales. “Hay que pensar en los que no tienen. Esos que tienen cero, aunque sea darles una parte”, señaló al plantear la creación de regímenes especiales para informales, manteniendo intactos los beneficios existentes.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la productividad de las MYPE y el empleo juvenil serán los ejes para reducir la informalidad, aunque la discusión también incorpora problemas estructurales como la inseguridad, la carga administrativa, la fiscalización y el acceso al financiamiento. El resultado de ese diálogo definirá el alcance de las futuras reformas laborales en un país donde la informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y el mercado de trabajo.
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