El canciller Carlos Espá y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, ratificaron que las expulsiones de extranjeros condenados por delitos de alta peligrosidad continuarán y adelantaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en las fronteras.
El anuncio se da tras la expulsión, este domingo 2 de agosto, de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal ‘Tren de Aragua’, quienes cumplieron una condena de ocho años por tenencia ilegal de armas y delitos contra la tranquilidad y la salud pública.
“Las expulsiones de los delincuentes, sobre todo delincuentes de alta peligrosidad, como son los tres sujetos que hemos expulsado el día de ayer, van a continuar. Este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a peruanos”, afirmó Espá en diálogo con la prensa.
En esa línea, Belaunde respaldó al canciller y fue contundente: “Delincuente que cumple su condena, no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad”.
El titular de Defensa también anunció que prepara un paquete legislativo para militarizar los principales puestos fronterizos. La iniciativa será evaluada por el Consejo de Ministros y, de aprobarse, requerirá que el Ejecutivo solicite facultades al Congreso de la República.
Los ciudadanos venezolanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, alias ‘Catire’; Rodysnimel Alcántara Brito, alias ‘Rody’; y José Zorrilla Velásquez, alias ‘Rafa’. Los tres fueron trasladados en una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, luego de cumplir sus condenas en el Perú.
Ciudadanos extranjeros expulsados a Venezuela.Fuente: Mindef
Desde el Grupo Aéreo N° 8, hasta donde llegaron con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para recibir a los peruanos afectados por el doble terremoto en Venezuela, los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa afirmaron que las expulsiones de delincuentes extranjeros continuarán. “Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país. […] El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso, esto lo vamos a aprobar en el Consejo y parte tendrá que ver también con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso de la República”, indicó.
De esta manera, el Gobierno calificó la medida como “el inicio de una mano firme” contra la criminalidad extranjera, en línea con el endurecimiento del control migratorio y la coordinación con el Legislativo para ampliar las herramientas de seguridad en los puntos de ingreso al país.
El general Aldo Juan Ávila Novoa, director Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, afirmó que el Tren de Aragua está desarticulado en el Perú y que sus cabecillas se encuentran en prisión. No obstante, el consultor chileno en temas de crimen organizado, Pablo Zeballos, advirtió que estas organizaciones criminales pueden reorganizarse dentro de los penales si el sistema penitenciario es débil y las autoridades no aplican medidas preventivas. La declaración del alto oficial se da en medio de la política de mano dura contra la delincuencia extranjera impulsada por el Ejecutivo.

El Agustino: detienen a ciudadano venezolano sindicado de incendiar camioneta de alta gama de empresario
Oficial de la Policía dice que el Tren de Aragua está "totalmente desarticulado" en el Perú
Mientras tanto, en El Agustino, las autoridades detuvieron a un ciudadano venezolano acusado de incendiar una camioneta de alta gama perteneciente a un empresario, un caso que refleja la persistencia de hechos delictivos atribuidos a extranjeros. Frente a este escenario, la advertencia de Zeballos cobra relevancia: sin un control efectivo dentro de los establecimientos penitenciarios, el crimen organizado encontraría un espacio para recomponer sus estructuras y continuar operando desde las cárceles.
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