Sin ambigüedades ni declaraciones demagógicas, Keiko Fujimori asumió como presidenta constitucional del Perú con un discurso realista en el que diagnosticó un Estado calamitoso. Para la mandataria, el aparato burocrático estatal creció de forma desproporcionada e injustificada, lo que genera pérdidas de recursos, obstaculiza a los ciudadanos y no eleva las condiciones de vida de nadie. En ese contexto, anunció que combatirá con firmeza la inseguridad alimentaria y la anemia infantil, males que afectan el desarrollo cerebral normal y que consideró un acto de injusticia social. Citó el primer artículo de la Constitución para respaldar su postura: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Otro flagelo que prometió extirpar de raíz es el espantoso incremento del crimen en todas sus variantes. Fujimori reconoció que la delincuencia común y el crimen organizado llevan en su interior el germen de la desgracia y la calamidad social. Sobre este punto, recordó una expresión del filósofo Baruch Spinoza, poco citado en materia política, quien en su obra póstuma Tratado político de 1677 sostiene que “la virtud propia del Estado es la seguridad”. Esa idea implica que las leyes no deben ser violadas ni despreciadas, que la vida de una comunidad política no debe ser hostil y que la coexistencia debe ser pacífica.

Finalmente, Fujimori exigió ser juzgada por su mandato, y eso haremos.

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