La empresa de transporte público Translima paralizó por completo sus operaciones después de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque, atribuido a mafias dedicadas a la extorsión, se produjo en medio de las denuncias de la compañía sobre amenazas de seis organizaciones criminales que exigen el pago de cupos para permitir el funcionamiento de sus unidades.
Según la información difundida por América Noticias, el propio atacante grabó el atentado y envió el video mediante WhatsApp a los teléfonos de choferes y cobradores de la empresa. Los trabajadores señalaron que el explosivo llevaba la firma de la organización criminal denominada Centauro, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables.
La suspensión del servicio responde al incremento de las amenazas contra la empresa, cuyos representantes sostienen que los cobros extorsivos alcanzaron un nivel insostenible para continuar operando. Las mafias exigen hasta S/55 diarios por unidad y pagos de inscripción de hasta S/50.000, mientras la PNP anunció operativos permanentes.
Transportistas denuncian nuevos cobros extorsivos
La negativa de Translima a aceptar las nuevas exigencias económicas de dos bandas criminales desencadenó el atentado con explosivos registrado en San Martín de Porres, según señalaron los representantes de la empresa. Los transportistas indicaron que la acumulación de pagos volvió inviable mantener el servicio.
Desde el año pasado, la flota de 60 buses de la empresa paga S/55 diarios por cada unidad a cuatro organizaciones criminales: Centauro, Tren de Aragua, Los Norteños y Los Papis. Los trabajadores aceptaron estos pagos para evitar atentados contra conductores y cobradores.
En las últimas semanas, dos nuevas bandas empezaron a exigir dinero. Una organización pidió una inscripción de S/30.000, además de un pago diario de S/20 por vehículo; la otra solicitó S/50.000 como cuota inicial y S/15 diarios por cada unidad, según relató uno de los transportistas.
Ataques contra la empresa
El atentado más reciente no es el primer hecho violento que enfrenta Translima. Los registros policiales indican que el 21 de junio de 2025 delincuentes asesinaron al conductor Marcial Oré Huatuco cuando salía del depósito vehicular ubicado entre las avenidas Izaguirre y Bertello, en San Martín de Porres, para iniciar su jornada laboral. Dos meses después, otro chofer de la empresa murió en un nuevo ataque armado en la misma zona, ubicada entre San Martín de Porres y el Callao.
La violencia continuó este año. El 28 de julio, un bus de la línea 18 de Translima recibió varios disparos mientras circulaba por Carabayllo con pasajeros a bordo. Aunque el ataque no dejó fallecidos ni heridos de gravedad, reforzó la preocupación de los trabajadores por la falta de seguridad.
En medio de la crisis generada por el ataque explosivo contra Translima, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que los operativos contra la extorsión en el transporte público serán permanentes y se ejecutarán a diario en las zonas consideradas críticas. La medida fue presentada durante una intervención en Puente Piedra, realizada junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio Público, en la que, según Arriola, se logró la captura de tres presuntos extorsionadores antes del inicio de las acciones. Uno de los detenidos ya contaba con una detención previa por extorsión y tenencia ilegal de armas en 2022.
El jefe policial detalló que los operativos incluyen la verificación de antecedentes, requisitorias y sanciones de conductores y vehículos, mediante el intercambio de información con la ATU. Además, precisó que la Policía coordina con las Fuerzas Armadas la ejecución de la nueva estrategia de seguridad anunciada por el Gobierno, orientada a reforzar el control en establecimientos penitenciarios y otros puntos estratégicos en la lucha contra el crimen organizado.
Ante la escalada de violencia, los transportistas habían solicitado la intervención de las Fuerzas Armadas y un mayor despliegue policial en los paraderos iniciales y finales de las rutas para frenar las extorsiones que, según denuncian, provienen de al menos seis bandas delictivas.
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