La defensa de Nadine Heredia presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un pedido para que se extiendan a su favor los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso por lavado de activos contra Ollanta Humala. El abogado David León Flores ingresó la solicitud el 31 de julio.

El escrito plantea dejar sin efecto todo el proceso penal seguido contra la ex primera dama, desde las investigaciones preliminares hasta la condena de 15 años que se le impuso. Según la defensa, los hechos atribuidos a Heredia tienen el mismo origen jurídico y fáctico que los imputados al expresidente, por lo que mantener el proceso solo contra ella implicaría una aplicación diferenciada de la ley.

El fallo del TC, recuerda la defensa, estableció que el financiamiento de las campañas de 2006 y 2011 no configuraba el delito de lavado de activos en esos periodos, conclusión que también debe aplicarse a Nadine Heredia. La imputación contra ella forma parte del mismo núcleo de hechos atribuido a Humala, relacionado con la recepción y uso de fondos para esas campañas presidenciales.

El documento señala que no existieron hechos independientes atribuidos a la ex primera dama, sino una actuación conjunta vinculada a los mismos activos presuntamente provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Así, los hechos atribuidos a Heredia coinciden con aquellos que el TC declaró como no constitutivos de delito.

El escrito presentado por León Flores no solo pide que se reconozca la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para Nadine Heredia, sino que también solicita el archivo definitivo del proceso para el extesorero Mario Julio Torres Aliaga y para el Partido Nacionalista Peruano como persona jurídica. “Se solicita que esta Sala reconozca, dentro del proceso penal de su competencia, que la razón objetiva por la cual el Tribunal Constitucional declaró inválida la persecución seguida contra Ollanta Moisés Humala Tasso resulta igualmente aplicable a quienes fueron procesados por los mismos hechos y bajo la misma calificación jurídica”, señala el recurso.

La defensa fundamenta su pedido en que el TC estableció que la modalidad de “receptación patrimonial” del lavado de activos no existía en la legislación peruana cuando ocurrieron los hechos investigados en 2006 y 2011, ya que fue incorporada recién en noviembre de 2016. En el caso de Torres Aliaga, el abogado sostiene que su participación estuvo vinculada únicamente a la supuesta simulación de aportes para la campaña de 2011, una conducta que, según el máximo intérprete de la Constitución, no tenía relevancia penal en ese periodo.

Respecto al Partido Nacionalista Peruano, la defensa argumenta que su inclusión en el proceso carece de una base fáctica independiente y que no puede mantenerse si desapareció el supuesto delito que sustentaba su incorporación.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →