Un mes después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la costa centro-norte de Venezuela un 24 de junio, la búsqueda de cuerpos entre los escombros convive con otra tarea igual de urgente: reconstruir un país que suma más de 5.500 muertos, cerca de 17.900 personas sin vivienda y pérdidas materiales que el Banco Mundial calcula en 19.600 millones de dólares.
La escena se repite en distintos puntos de la costa venezolana. En La Guaira, Javier Navarro trabaja de noche para esquivar el sol inclemente. Con pico y pala, junto a otros familiares que se turnan para excavar, abre paso entre las toneladas de concreto de un complejo de viviendas en Caraballeda, donde busca a nueve parientes. "Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás", dijo a EFE este hombre de 36 años, que ya había encontrado los cuerpos de su madre y su abuela en avanzado estado de descomposición. Vecinos y cuadrillas improvisadas cavan con herramientas de protección, o sin ellas, mientras la ciudadanía los apoya con comida y equipos.
El proceso de reconstrucción enfrenta tres obstáculos que se entrelazan: el elevado costo de reparar lo perdido, la falta de acceso a financiamiento externo por las sanciones vigentes y una economía que ya arrastraba años de contracción antes del desastre. La cifra de daños físicos directos, difundida por el organismo multilateral a través de su evaluación rápida global (GRADE), pone en evidencia la magnitud del reto. Según esa evaluación, el 47% de los daños se concentró en edificaciones residenciales, equivalente a unos US$9.300 millones, mientras que la infraestructura pública absorbió el 27% y las construcciones no residenciales el 26% restante. La Guaira y el Distrito Capital reunieron alrededor de la mitad del impacto total.
La recuperación de Venezuela dependerá en gran medida del acceso a recursos internacionales. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió a EFE que el proceso demandará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, un monto que calificó de "muy significativo" para una nación cuyo producto interno bruto ronda los US$110.000 millones. A su juicio, Venezuela "difícilmente podrá afrontar ese esfuerzo sola", ya que cuenta con un espacio fiscal reducido y un acceso casi nulo a los mercados de crédito internacionales. Economistas estiman que el país necesitará hasta US$15.000 millones para reconstruir la infraestructura dañada, una cifra difícil de cubrir en medio de las sanciones y la escasa capacidad fiscal.
La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó en un comunicado que los sismos "han alterado la vida de la población, han dañado infraestructuras críticas y han generado nuevos retos en la recuperación de Venezuela". En esa línea, sostuvo que una reconstrucción eficaz "comienza con datos fiables" y que el organismo respaldará el proceso en cada etapa. Esos datos, sin embargo, muestran brechas profundas entre los registros oficiales y la magnitud real del desastre.
Mientras el Gobierno contabiliza 856 estructuras afectadas y 190 colapsadas, la NASA, a partir de imágenes satelitales, elevó a más de 58.000 los edificios destruidos o dañados. La consultora ANOVA, por su parte, revisó 38.798 estructuras habitacionales en siete de los once municipios de La Guaira, una de las zonas más golpeadas, y halló que 4.958 presentan algún nivel de daño. De ese total, 2.654 quedaron gravemente comprometidas o destruidas, viviendas donde residían 37.611 personas. Reponer esa infraestructura costaría unos 2.370,6 millones de dólares, entre el 2% y el 3% del PIB nacional, según el economista jefe de ANOVA, Omar Zambrano, quien precisó que el monto no contempla la reparación de infraestructura pública, vial, comercial ni de servicios.
Miles de familias sin casa, empleo ni estabilidad
Frente a la devastación, el Gobierno inició la construcción de 1.875 viviendas nuevas, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El funcionario explicó que los terrenos fueron evaluados por geólogos, ingenieros y arquitectos para determinar su seguridad. La meta oficial es entregar 4.000 casas antes de fin de año, aunque los cálculos iniciales del propio Rodríguez estiman que se necesitarán 25.000 viviendas para cubrir la demanda.
Organizaciones civiles también se sumaron al esfuerzo. TECHO, cuyo director ejecutivo global es Juan José Ayarza, confirmó a EFE que planea construir al menos 200 hogares prefabricados en el país. En paralelo, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) inspeccionó más de 8.000 estructuras solo en Caracas para determinar su seguridad: más del 70% resultó habitable, mientras que cerca del 25% quedó clasificado con "habitabilidad con precaución" o como "no habitable". Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, indicó que unos 6.000 colegas prestaron el servicio de forma voluntaria y gratuita "para darle tranquilidad a la población".
Los efectos del terremoto no se limitan a los escombros. El Banco Mundial proyecta que la oferta laboral caerá un 1% este año y advierte que 1,3 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria durante los próximos seis meses. El epidemiólogo Mauricio Cerpa, del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que el hacinamiento en refugios, la interrupción del agua y el saneamiento, y la baja cobertura de vacunación crean condiciones propicias para la propagación de enfermedades diarreicas, respiratorias y transmitidas por mosquitos.
El financiamiento internacional comprometido hasta ahora resulta insuficiente frente a esas cifras. Estados Unidos anunció US$300 millones en ayuda financiera; Venezuela obtuvo 346 millones del Fondo Monetario Internacional, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió destinar a la reconstrucción; la Comisión Europea aportó 36,5 millones; el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU sumó 17 millones, y Alemania contribuyó con 9 millones. Pese a ello, el plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2026, que requiere US$931 millones, solo ha cubierto el 39% de esa meta, con un déficit cercano a los 566 millones.
El propio Banco Mundial advirtió que, si la inversión pública y privada no aumenta, la evolución "probablemente tardaría más de 10 años", con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. Bajo ese escenario, el organismo proyecta que el producto interno bruto podría mantenerse por debajo de los niveles previos al sismo hasta 2036.
Las sanciones económicas estadounidenses, vigentes desde hace años, complican el panorama. El congresista demócrata Chuy García pidió públicamente a la administración Trump "levantar las sanciones contra Venezuela y restablecer el acceso a los activos congelados a fin de apoyar la ayuda y la recuperación". A ello se suma la preocupación de organizaciones civiles por las restricciones legales locales que limitan el trabajo de las ONG, entre ellas la Ley de Supervisión, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales. Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), resumió el problema de fondo ante una comisión del Congreso estadounidense al señalar que "los terremotos no crearon la crisis de Venezuela, sino que la pusieron al descubierto".
Entre el grupo más vulnerable tras el desastre están los niños. UNICEF calcula que unas 470.000 personas requieren apoyo directo, entre ellas 169.000 menores de edad. Cerca de 23.100 permanecen en campamentos temporales distribuidos en La Guaira, el Distrito Capital, Miranda y Aragua.
“La institucionalización o la adopción es el último recurso disponible en Venezuela”, remarcó la abogada especialista en derecho familiar Jeslia Vergara. Según explicó, cuando los padres desaparecen, el sistema de protección del país prioriza la búsqueda de otros parientes cercanos —abuelos, tíos o hermanos mayores— que puedan asumir temporalmente el cuidado del menor mientras se determina qué ocurrió con sus progenitores. Recién cuando se confirma la muerte de ambos y no existe familia de origen disponible, el Estado puede declarar al niño en condición de adoptabilidad e incorporarlo a un programa de acogida sustituta.
Uno de los casos más delicados es el de D. T., de 13 años, quien quedó sin su madre cuando el edificio donde vivían en Caraballeda se derrumbó. Ahora reside en un refugio junto a su hermana M. O. (10), al cuidado de su tía Mercedes Osuna. “Mi sobrino no ha querido conversar sobre eso. Él lo que hace es puro jugar, jugar”, contó a CNN la mujer, que enfrenta la difícil tarea de contener a los menores tras la tragedia.
Para atender esas secuelas emocionales, UNICEF montó en los refugios espacios orientados a la infancia, con apoyo psicosocial y actividades recreativas destinadas a más de 4.000 niños, adolescentes y cuidadores. El representante del organismo en el país, Manuel Rodríguez Pumarol, advirtió que, más allá de los daños visibles, “el miedo, la incertidumbre y la interrupción causados por el desplazamiento pueden tener un impacto duradero en el bienestar de los niños y niñas”. Gabriela, una sobreviviente que vive con su familia en el estadio César Nieves de Catia La Mar, valoró esos espacios: “son lugares seguros que ayudan a los más jóvenes a expresar sus emociones, compartir experiencias y conectar con otros que han pasado por lo mismo”.
Mientras tanto, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) salió al frente de rumores difundidos en redes sociales sobre supuestas entregas de menores a desconocidos. El organismo aseguró que cualquier proceso de reunificación familiar se realiza únicamente después de verificar la identidad y el vínculo con los familiares.
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